No deja de tener su cosa que el Gobierno amenace con su ley orgánica (¡orgánica!) de Seguridad Ciudadana (¡seguridad ciudadana!) en el aniversario de la muerte física de Franco, que no, como vemos, de la consunción de su espíritu, tan vigente y tan reforzado al parecer.
Esa ley, que por su intención amedrentadora y antidemocrática no merecería ese nombre, pues la ley no es ley si quebranta la libertad, viene a resucitar el fantasma del ominoso TOP, aquél Tribunal de Orden Público establecido por la dictadura para perseguir y castigar la disidencia. A este Gobierno del PP tan abundoso en guiños al pasado, en abrazos y homenajes al pasado, no se le ocurre gobernar para el bien, la prosperidad y la felicidad de los españoles, pero sí arbitrar medidas brutales para castigar a quienes, venciendo el miedo que la dicha ley quiere inspirar, aún se atrevan a manifestarse contra los desafueros del Gobierno y sus podas y talas del bien, de la prosperidad y de la felicidad precisamente.
La brutalidad policial no sería delito, pero sí filmarla y dar fe de ella
Esa ley orgánica de Seguridad Ciudadana epígona del TOP, por no decir también que de la ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, y aún de la de Responsabilidades Políticas por la parte confiscatoria (multas demenciales), se presenta abobada, para disimular, con otras especias, como el botellón o los rayitos láser, pero a lo que viene es a reprimir cualquier atisbo de legítima protesta.
A los estafados por las Preferentes, por ejemplo, se les podría terminar de fundir por sus escraches a los delincuentes que les han robado. A los del 15-M, no digamos, pues reunirían, según esa ley infame e infamante, delitos suficientes para ser empapelados de por vida. Es tan delirante el propósito de ese nuevo TOP de índole gubernativa, que pretende juzgar saltándose a la torera a los jueces, de los que no se fía del todo pese a su control del CGPJ, a las leyes a las que éstos deben respeto y a la propia Constitución.
Según esa ley, la brutalidad policial no sería delito, pero sí filmarla y dar fe de ella. Insultar a la policía, aun en el caso de estar presenciando o sufriendo los abusos de ésta, como ocurrió cuando los Mossos apalizaron a un detenido con resultados fatales, podría ser multado hasta con 30.000 euros. Insultar está muy mal, es muy feo, pero ¿con cuánto se multaría al agente que insulte a un ciudadano? Dos años lleva éste Gobierno haciendo de las suyas, pero parecen setenta y tantos.
Rafael Torres