El FMI y la Unión Europea exigen más recortes al sur de Europa. La amenaza es una vuelta de tuerca a la reforma laboral entre otras medidas que consiederan de ahorro. Pero el Gobierno del PP tiene también otras prioridades. Modificar las leyes que regulan el derecho de huelga, expresión y manifestación. Y la amenaza pendiente de la reforma de la Ley de Interrupción del embarazo. Es curioso. Se les ocurre limitar el derecho de huelga justo cuando se acaba de producir una victoria sindical ante un atropello patronal. Me refiero a la huelga de los trabajadores de la limpieza de Madrid. No hicieron huelga para pedir un aumento salarial, sino para evitar un recorte de sus ingresos cercano al cincuenta por ciento y al despido de casi mil trescientos trabajadores. Ahora, en estos días, la patronal del sector de lavanderías pretende que quienes lavan la ropa sucia de los hospitales públicos de Madrid reduzcan su salario en un cincuenta por ciento.
Se les ocurre limitar el derecho de huelga justo cuando se acaba de producir una victoria sindical ante un atropello patronal
No hace falta ser experto en derecho laboral para intuir el abuso de quienes contratan con la administración pública en unas condiciones a la baja sabiendo que tendrán que exprimir los salarios hasta lo imposible para mantener sus beneficios. Pero el Gobierno, en vez de hablar de un cambio legislativo que haga imposible que los mileuristas vean reducidas sus condiciones a quinietoeuristas se fijan en un recorte de libertades para frenar el efecto de huelgas legales, legítimas y justas.
Las mareas de protesta celebradas este fin de semana en las principales ciudades españolas son un aviso al Gobierno de que las protestas continuarán por mucho que las campañas de marketing hagan pretender una recuperación económica que hasta ahora son solo cifras macro convenientemente ensalzadas por quienes han conseguido hacer de la crisis un momento de oportunidad.
Es clamoroso cómo los grandes medios de comunicación han pasado por encima de la noticia de que, contra el compromiso adquirido, casi cuarenta mil millones del dinero concedido en forma de préstamo por la Unión Europea para el rescate bancario, lo pagaremos los españoles con nuestros impuestos.
La ofensiva conservadora del Gobierno en las leyes que afectan a la seguridad y a los derechos fundamentales de huelga y manifestación se va a producir cuando el caso Gürtell trae nuevas noticias y la investigación de los delitos de Bárcenas apuntan como nunca a una financiación irregular y permanente del Partido Popular.
El juicio oral contra Bárcenas tiene sin dormir a los dirigentes del Partido Popular que incluso han tenido la insólita pretensión de que el acusado no declare durante la celebración de la vista.
A menos de un año de las primeras elecciones, las europeas, el desgaste del Gobierno está lejos de haber pasado su ecuador y todavía pueden ocurrir muchas cosas en la medida que los partidos de oposición y los movimientos ciudadanos se empleen a fondo con sus protestas.
Carlos Carnicero