En su reciente e inesperado encuentro con patronal y sindicatos (¿ha descubierto este Gobierno, de repente, el valor del diálogo social?), el presidente Rajoy explicó a Cándido Méndez y Fernández Toxo (UGT y CCOO) que la voz de los sindicatos, como la de los empresarios, será tenida en cuenta en la elaboración de la reforma fiscal que el Ejecutivo quiere tener lista antes del verano, a fin de que pueda tramitarse en el segundo semestre del año.
De entrada Rajoy sostiene que será un sistema tributario «más justo y más equitativo», tal y como se reflejó en el comunicado conjunto hecho público después de la citada reunión. Suena a concesión declarativa de Moncloa a los sindicatos, toda vez que la contraparte de la reunión -Joan Rosell (CEOE) y Jesús Terciado (CEPYME)- ya se ha declarado muy de acuerdo sobre las características que deben adornar al nuevo sistema fiscal. A saber: «más simple y más eficiente».
Las diferencias saltan a la vista. Donde los representantes de los trabajadores hablan de justicia los de los empresarios hablan de eficiencia. Y lo que parece una obviedad, porque en principio los dos conceptos no son incompatibles, es de relevante aplicación a este y a todos los Gobiernos en general. Lo digo porque cuando el poder se embarca en procesos reformistas siempre se acaba retratando desde el punto de vista ideológico. Si hablamos de la reforma fiscal, con mayor razón, porque es la mejor herramienta en la redistribución de recursos públicos en servicios a la ciudadanía.
La resignación de los sindicatos ante la reforma laboral del Gobierno no permite acreditar la fe de Moncloa en el «renovado protagonismo del diálogo social»
En el ámbito económico-social las grandes decisiones, no solo las tributarias, deberían consultarse previamente, y a ser posible con pacto posterior, con los agentes clásicos: Gobierno, patronal y sindicatos. Parece que hemos perdido esta buena costumbre de la etapa democrática, la que arranca en 1978. Por eso hay que ver como una buena noticia el hecho de que los representantes de las tres partes se reunieran en Moncloa el martes pasado con el declarado objetivo de trabajar en común en la reactivación del crecimiento y la creación de empleo.
Hay que saludar el encuentro y las buenas intenciones formuladas en el comunicado conjunto, que anuncia un «ambicioso calendario de reuniones», constata la persistencia de un «elevado nivel de desempleo» y expresa la voluntad compartida de contribuir a que la recuperación se traduzca «lo antes posible».
Lo que pasa es que estas buenas intenciones, con las que tal vez el Gobierno se propone empedrar el camino hacia las elecciones europeas del 25 de mayo, nacen un tanto averiadas por los antecedentes y el contexto. La resignación de los sindicatos ante la reforma laboral del Gobierno del PP (febrero 2012), sufrida por los trabajadores y celebrada por los empresarios, no permite acreditar la fe de Moncloa en el «renovado protagonismo del diálogo social». Pero habrá que ponerse en lo mejor.
Antonio Casado