El sábado 22, a las 17 horas, confluirán en Madrid, en la plaza de Atocha, seis columnas de las denominadas «Marchas por la dignidad» que partieron hace semanas desde distintos puntos de la geografía española, con el fin de denunciar la crítica situación de crisis permanente en la que viven miles de familias y colectivos de la sociedad española, por más que al Gobierno se le llene la boca hablando de lo bien que van las exportaciones y de los muchos puestos de trabajo que se van a crear en los próximos años.
Una mejora de la economía que por lo que se ve no percibe nadie más que ese 1% de la población que sigue siendo tan o más rico de lo que eran antes, mientras el resto es tanto lo que se han apretado el cinturón, tanto lo que le han recortado los sueldos y las ayudas que ya apenas si les queda aliento para protestar.
Una situación que por lo que parece no es la mayor preocupación de un ejecutivo que sólo tienes ojos y oídos para ver y escuchar lo que se le impone desde Alemania o Bruselas, olvidándose de quienes creyeron de buena fe que Rajoy les iba a sacar de la crisis tal y como prometió en la campaña electoral, que enseguida se vio que era imposible, y que él ya sabía antes de llegar a Moncloa.
El Gobierno bien haría en escucharles y abrirles las puertas de Madrid
Pues bien, son tantas las personas que se espera que lleguen a Madrid que la policía ha preparado un dispositivo de 1.700 antidisturbios para prevenir lo que la delegada del Gobierno denomina «grupos de violentos», cuya única intención, parece ser, es reventar una protesta que los políticos, todos, no deberían ignorar porque esa gente que viene a pie desde Valencia, Andalucía, Cataluña, Galicia, Cataluña, y otras muchas ciudades más, son los que dentro de un mes serán llamados a las urnas a depositar su voto. Y el voto ya se sabe que esta marcado por las emociones, no sólo por las promesas, sino por la actitud de quienes tienen la obligación de escucharles y no lo hacen. Y no lo hacen por una sencilla razón: viven en una burbuja donde solo parece que les llegan los susurros del asesor de turno, y no la voz de los que verdaderamente saben como está el país.
Demonizar a estas personas por el solo hecho de que protestan porque les han quitado su casa, porque han perdido sus trabajos, las ayudas a la dependencia, por los recortes salariales, no conduce más que a humillarles, a que se sientan despreciados por quienes tienen la obligación de velar por su seguridad y su bienestar. Y eso nunca trae nada bueno. De manera que bien haría en escucharles y abrirles las puertas de Madrid no para que se sientan prisioneros sino para que puedan decir en voz alta lo que llevan tanto tiempo callando.
Rosa Villacastín