La nueva ley de justicia universal, que aprobó hace un mes el Gobierno en un trámite relámpago amparado en la mayoría absoluta de su grupo parlamentario y que esta semana ha entrado en vigor, está encontrando fuerte resistencia en la Audiencia Nacional, el órgano que instruye las causas que la norma pretende derogar. El primer paso lo dio el juez Santiago Pedraz al dictar un auto en el que manifestaba su intención de proseguir la investigación del asesinato de José Couso. Sostiene Pedraz que el IV Convenio de Ginebra le obliga a ello, que la ley española está por debajo de este tratado internacional y, en consecuencia, que en nombre de la ley internacional debe seguir adelante.
Tras Pedraz, el juez Andreu, que investiga el genocidio de Ruanda, ha pedido a las partes personadas en el proceso que aleguen «sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad» sobre la reforma legal. Y el fiscal considera que la nueva ley puede suponer «una vulneración de derechos fundamentales consagrados en la Constitución». Además, recuerda el ministerio público, una ley no puede decretar el sobreseimiento de causa alguna, como hace la nueva norma, ya que esa facultad corresponde en exclusiva a los tribunales según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El ministerio público recuerda que una ley no puede decretar el sobreseimiento de causa alguna
Los argumentos parecen impecables. Y ha sido sucio el ataque que, en nombre del PP, Carlos Floriano lanzó al juez Pedraz acusándole poco más o menos de dictar sus resoluciones con la camiseta política puesta. Sorprende que un partido que enarbola la Constitución y el Derecho Internacional para responder a situaciones diversas, desde la consulta catalana a la secesión de Crimea, se ofenda porque los jueces hagan lo propio en defensa de la legalidad vigente.
Al margen de impropios chascarrillos, caben dos opciones: que los jueces y fiscales discrepantes no tengan razón, con lo que definitivamente quedará mutilada la justicia universal, o que la tengan. En ese caso quedaría empequeñecido un gobierno que con urgencia, contra todos los grupos parlamentarios y sin el suficiente debate, habría tomado un atajo impropio al hacer una ley que vulneraría las leyes, tanto las nacionales como la legislación internacional con la que está comprometido.
Isaías Lafuente