En medio de la vorágine de la campaña electoral, ha pasado desapercibido esta semana un dato que es francamente revelador, el de las retribuciones pagadas a los directivos de las mayores empresas del país, las del Ibex 35.
Los 30 directivos mejor pagados se embolsaron el año pasado casi 140 millones de euros
Según los datos conocidos, los 30 directivos mejor pagados se embolsaron el año pasado casi 140 millones de euros. Además, hasta 87 directivos percibieron retribuciones superiores al millón de euros. En total, las grandes empresas pagaron a sus más altos responsables más de 340 millones de euros, un 3,35% más que el año anterior. Si sumamos los 241 millones de euros que se embolsaron los miembros de los consejos de administración de las cotizadas, no quedamos muy lejos de los 600 millones de euros. Un año en el que, conviene recordarlo, la economía española se contrajo un 1,2% y se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo.
Desconozco si el valor del trabajo de un directivo se corresponde o no con el salario que percibe. Lo que sí sé es que esos casi 140 millones de euros equivalen a lo que ingresaron 15.300 trabajadores que el año pasado percibieran el salario mínimo –salario que, por cierto, ha congelado el Gobierno actual por segunda vez en tres años, algo que nunca había sucedido–. Lo mismo 30 que 15.300. Lo que sé es que gran parte de esas empresas han acometido expedientes de regulación de empleo que se han llevado por delante miles de puestos de trabajo. Y lo que también sé es que tales grandes empresas no se cansan de reclamar bajadas de salarios para el resto de los trabajadores, incluidos los propios, excepción hecha de aquellos que tienen la suerte de integrar tales consejos de dirección y administración.
Esta es la realidad post reforma laboral, la que dibujan estudios como el de Icsa, que revela que los directivos han ganado un 7% más en 2013; o el del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Fundación Sagardoy y Adecco que apunta que los salarios se han reducido un 10% de media desde el inicio de la reforma laboral; o el de Fedea, que constata que los salarios más bajos son los que están sufriendo más recortes, un 17% desde el inicio de la crisis.
El 1% más rico acumula el 8% de todas las rentas de nuestro país
O la realidad que late en el estudio de la OCDE que constata que el 1% más rico acumula el 8% de todas las rentas en nuestro país. O el de Intermón, que manifiesta que los 20 más ricos en España igualan los ingresos del 20% de la población más pobre. Todo lo cual, ha convertido a nuestro país en el segundo de la Unión Europea con mayor desigualdad.
Unámosle a todo ello el tipo de empleo que está generando en nuestro país la reforma laboral del Gobierno: empleo temporal, empleo a tiempo parcial, empleo no pagado –como las miles de horas extra trabajadas y no remuneradas que constata la última EPA-. Empleo, en suma, precario, que no da para vivir. La realidad de los trabajadores pobres.
Puede que al ministro Montoro se le ocurra alguna frase ingeniosa para negar el evidente empobrecimiento del país, o que el ministro de Guindos halle algún eufemismo para disfrazar la cuestión. Pero conviene recordar lo que dice Joseph Stiglitz cuando afirma que la desigualdad reduce el crecimiento y la eficiencia económica. “La falta de oportunidades implica que el activo más valioso con que cuenta la economía (su gente) no se emplea a pleno. Muchos de los que están en el fondo, o incluso en el medio, no pueden concretar todo su potencial, porque los ricos, que necesitan pocos servicios públicos y temen que un Gobierno fuerte redistribuya los ingresos, usan su influencia política para reducir impuestos y recortar el gasto público. Esto lleva a una subinversión en infraestructura, educación y tecnología, que frena los motores del crecimiento”.
La pregunta es, ¿hacia dónde conduce el Gobierno a este país? ¿No va siendo hora de que le pongamos remedio?
José Blanco