Las «dos Españas» han dado paso a los dos tipos de personas que parece haber en nuestro país. Por un lado están los políticos, en el otro el resto de españoles. A los primeros no sólo no se les puede insultar sino que a este paso no se va a poder acercar uno ni a veinte metros. A los segundos sí se les puede decir cualquier improperio y hasta amenazarles de muerte sin temor a que la Justicia intervenga.
Eso es lo que ha querido demostrar la periodista Ana Pastor, a la que ni siquiera el tener nombre de ministra «pepera» le sirve de algo. Como ha dejado claro en una columna que ha escrito en un periódico de tirada nacional, mientras a ella al parecer le pueden llamar de todo, a una joven sí la han detenido, con motivo de la muerte de la presidenta del PP de León, por «insultar e incitar a la violencia en las redes sociales».
La presentadora de 'El Objetivo' no entiende, ni nadie en su sano juicio tampoco, que a ella sí la puedan decir a través de esas mismas redes sociales cosas como “Roja, facha, vendida, entregada al poder, puta, hija de la grandísima puta, cállate zorra, no tienes ni puta idea de hacer entrevistas, en una esquina serías mucho más eficiente, cerda, deberían degollarte las tropas moras de Franco, o solicito permiso para meterte en un campo de concentración en el ala de violadores inmigrantes”.
Por todas esas «lindeces» que le dijeron decidió dar parte a las autoridades, acudiendo a una comisaría y denunciando el acoso. ¿Que si la hicieron caso? El mismo que al 'Tata' Martino en el Barcelona. Sólo les faltó cachondearse de ella.
Aunque por sólo una o dos de esas barbaridades ya habían sido motivo suficiente para que, en caso de que las que la hubiera recibido hubiese sido un político, se la hubiera puesto de inmediato escolta y se hubiera metido en la cárcel a todos los autores de semejantes barbaridades (si hubiera pena de muerte en España se les habría ejecutado a todos de inmediato), a ella meses después de su denuncia le llegó a su casa una carta certificada donde le comunicaron que la justicia había decidido que «puta» no es un insulto y que pedir que te corten el cuello no es una amenaza.
¿Alguien duda después de esto que la justicia no trata igual las amenazas de muerte que pueda recibir un ciudadano español, sin más, a las que llegan a algunos políticos, sobre todo si son del Partido Popular? Y no, no me vale lo de que si se hiciera caso a cualquier denuncia de este tipo se colapsarían aún más los tribunales. En este país hay suficientes abogados en paro, o en trabajos de mierda, como para se pudiera contratar a muchos de ellos para poder dar hacer que se agilizaran todas las diligencias administrativas.
Eso o que Ana Pastor ha sido declarada «enemigo público número uno», la John Dillinger contemporánea. Que alguien se la tiene jurada desde los tiempos en los que entrevistaba, y para ellos no muy amistosamente, a dirigentes populares. Que por ese motivo a ella sí se la puede llamar de todo sin que pase nada. Eso todavía sería peor que ponerla en el mismo escalafón del resto de españoles que no son políticos. En el que tendría que estar, padeciendo como cualquier otro una más de las medidas sin sentido de la dictadura gubernamental. En este caso todos sí somos Ana Pastor.
La mosca