El Gobierno de Mariano Rajoy prepara una ley para que el ciudadano Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, cuando deje de ser rey, disfrute de un aforamiento total para causas tanto civiles como penales, probablemente superiores a los de los propios políticos. Este aforamiento extraordinario obligará a que cualquier causa, ya sea civil o penal, contra él se instruya y, en su caso, se enjuicie en el Tribunal Supremo.
¿Los partidarios de una medida así no se habían dado cuenta de que ya la tendrían que tener preparada, por si acaso? ¿Ni siquiera valoraron el riesgo de las demandas de paternidad, hasta ahora no admitidas a trámite al amparo de la inviolabilidad que está a punto de perder, salvo para los asuntos relacionados con los 39 años de reinado? ¿No habíamos quedado en que Mariano Rajoy conocía desde hace meses la abdicación y en que, por tanto, tuvo tiempo de sobra para hacer estos deberes?
El hecho de que se conozca la voluntad del Gobierno de blindar a Juan Carlos de Borbón pero no la fecha, ni la forma exacta, ni si ha pactado el asunto con el PSOE, revela un riesgo innecesario, más propio de un gobierno hostil que de un ejecutivo amigo, que tal vez en este caso es simplemente un gobierno indolente, como en tantas otras cosas -Cataluña, sin ir más lejos- en las que aplica el principio de que nunca pasa nada y de que el tiempo todo lo arregla, lo cual no siempre es así.
Este tipo de asuntos no deberían resolverse sobre la marcha, sino con tiempo y reflexión, en busca del consenso político y ciudadano
Pero la cuestión de fondo es otra, evidentemente. ¿Qué tipo de aforamiento debe tener un exjefe del Estado en España sin que la ciudadanía perciba ese privilegio como un nuevo burladero judicial? Según Fernando Ramos, profesor titular de Deontología y Derecho de la Información en la Universidad de Vigo, el blindaje de Juan Carlos cuando deje de ser rey choca con el modo en que son tratados por la ley común los expresidentes republicanos. «Chirac -escribió en Mundiario, a modo de ejemplo- fue condenado por hechos anteriores a su mandato».
Más allá de los dañinos rumores que corren, del propio vacío legal, de los criterios partidarios que van aflorando, y de los méritos de Juan Carlos I, si algo está claro es que este tipo de asuntos no deberían resolverse sobre la marcha, sino con tiempo y reflexión, en busca del consenso político y ciudadano, por el bien de todos, incluido el propio Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias.
José Luis Gómez