Vuelve a sonar la cantinela de la regeneración democrática en boca del partido en el poder. Cada vez que aflora este viejo afán echo mano del «Código Ético» del PP, aprobado en abril de 1993. Se dice pronto. Más de veinte años han transcurrido desde que el partido de Aznar y Rajoy descubrió que «la democracia exige el compromiso ético de los políticos».
Así lo dejó escrito y primorosamente encuadernado. Lo guardo como una joya de la insoportable ligereza de la política, siempre a la luz del principio de oportunidad. El contexto lo exigía. Tomen ustedes nota y a ver si les suena: «El clima creado por la denuncia de constantes irregularidades en la política española reciente, ha derivado en una pérdida de confianza que alcanza incluso a las instituciones representativas». Por ello en el XI congreso nacional del PP (febrero de 1993) se habían aprobado medidas concretas de regeneración democrática, con la intención de aplicarlas en caso de llegar al poder.
Eso ocurrió tres años después, en 1996. Me refiero a la llegada al poder, no al cumplimiento de las medidas sobre la recuperación ética de la vida pública. Empezando por los propios dirigentes del PP. A saber: «No es posible exigir regeneración a los demás si previamente el PP no asume un compromiso de autoexigencia».
Un posible recorte en las listas de aforados. Y otra, la elección directa de los alcaldes (por ciudadanos, no por concejales como ahora). Ambas desprenden un tufo de oportunismo que tira de espaldas.
Me parece que la sola mención de nombres como Baltar, Fabra (Carlos), Sonia Castedo, Bárcenas, Matas, Camps, y tantos otros, me eximen de comentar la suerte final de los buenos propósitos incluidos en aquel famoso «Código Ético del PP».
Veintiún años después, con enésimos intentos frustrados de ir a la definitiva (el último, las medidas contra la corrupción anunciadas en febrero de 2013, también desaparecidas en la polvareda), en Génova reponen la misma banda sonora. Ahora se amaga con herramientas de grueso calibre. Incluso una eventual reforma de la Constitución orientada a reparar los desperfectos que se han producido en el funcionamiento de las instituciones forjadas en el consenso de 1978 por pura fatiga de materiales.
Pero del impulso regenerador verbalizado el lunes pasado por el presidente del Gobierno en la sede del PP solo dos manifacturas mediáticas se han abierto paso. Una, un posible recorte en las listas de aforados. Y otra, la elección directa de los alcaldes (por ciudadanos, no por concejales como ahora). Ambas desprenden un tufo de oportunismo que tira de espaldas.
Así que vamos a dejarlo todo en esas dos sugerencias que han saltado a los medios de comunicación como fruto visible de la reunión del lunes pasado en la Génova. El desaforamiento de cargos públicos galopa sobre estados de opinión sobrevenidos al tránsito de don Juan Carlos de la inviolabilidad al aforamiento. Y la elección directa de alcaldes, sobre el desplome electoral del PP y el terror de Rajoy a las «coaliciones de perdedores», capaces de desplazar a la primera fuerza en ayuntamientos y autonomías. Una y otra iniciativa pasan al congelador, a la espera de que el PSOE elija a su nuevo secretario general.
Antonio Casado