Un libro de Jacobo Rivero revela que el líder de Podemos, el eurodiputado Pablo Iglesias, es partidario de una regulación de los medios de comunicación desde el poder público, con el fin de garantizar la libertad de prensa. En una confesión que parece una declaración del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, el líder de Podemos no concreta de qué forma deberían regularse los medios, si bien avanza que control público no quiere decir necesariamente institucional, en el sentido de ser corriente de transmisión de las estructuras que gestiona la administración. ¿Sugiere tal vez la creación de un consejo general del poder de la prensa, al estilo del poder judicial?
La regulación de los medios desde el poder político solo comprende los medios públicos, de modo que una regulación aplicada a los medios privados sería inconstitucional
La Constitución española, en su artículo 20, reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El ejercicio de estos derechos -aclara- no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, y advierte de que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
También indica la Carta Magna que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
Si España quiere seguir siendo un país occidental democrático deberá corregir los vicios de sus medios pero no someterlos al poder público
¿Primera gran conclusión? La regulación de los medios desde el poder político solo comprende los medios públicos, de modo que una regulación aplicada a los medios privados sería inconstitucional, como se supone que debería saber Pablo Iglesias en su condición de profesor de Ciencias Políticas.
El hecho de que existan perversiones en algunos medios privados y de que sus líneas se vean sujetas a las injerencias de gobiernos, bancos y empresas privadas no es razón suficiente para someterlos al poder político. Si España quiere seguir siendo un país occidental democrático deberá corregir los vicios de sus medios pero no someterlos al poder público. A ningún demócrata se le ocurriría semejante cosa en países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido.
José Luis Gómez