Finalmente, el Gobierno ha presentado sus medidas para combatir el paro juvenil: 300 euros de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para impulsar la contratación de jóvenes entre 16 y 24 años durante un período de seis meses en contratos de formación, de prácticas o de empleo.
Digo finalmente, porque la UE aprobó el programa de Garantía Juvenil en febrero del año pasado y el Gobierno español ha tardado 16 meses en presentar su fórmula para aprovechar los más de 1.800 millones de euros destinados por Europa a nuestro país para intentar ofrecer oportunidades de futuro a los más de 880.000 jóvenes españoles sin empleo. 16 meses para decidir que lo que hay que hacer para contratar a jóvenes parados es subvencionar a empresarios. La máxima prioridad del país y el Gobierno ha tardado 16 meses en darle respuesta. Y qué respuesta.
Vaya por delante que desearía que la medida sea eficaz y logre detener la sangría de población joven que está emigrando de nuestro país ante la falta de oportunidades laborales y de perspectivas vitales, llevándose con ellos todo su potencial emprendedor e innovador. Pero, francamente, me cuesta creerlo, porque las medidas anunciadas suenan a un nuevo bálsamo de Fierabrás del Gobierno.
Para empezar, porque la letra pequeña ha empezado a traslucir la posibilidad de que tales bonificaciones no sólo se destinen a la contratación de jóvenes, sino que, al ser compatibles con otros incentivos, se trasladen hacia otros trabajadores de las empresas beneficiarias de esas ayudas.
En segundo lugar, porque nada impide que pasado el período de seis meses, el empresario despida al trabajador joven, pues no se prevé ningún tipo de penalización ni devolución de las ayudas recibidas. Por tanto, temporalidad y precariedad. Es decir, más de lo mismo.
En tercer lugar, porque la exigencia de que la contratación debe suponer un aumento de la plantilla de la empresa no puede ser menos exigente: la medida que se toma como referencia es la media de los últimos 30 días. Es decir, un no requisito.
Por último, porque las medidas excluyen a los desempleados de entre 25 y 35 años, personas que siguen siendo jóvenes, que han acabado sus estudios, que en muchísimos casos los han completado con másters y postgrados, y a las que el Gobierno, al igual que la Unión Europea, no da ningún tipo de respuesta, alternativa, facilidad o perspectiva pese a encontrarse en una situación incluso peor que los menores de 25 años.
Ahora bien, de lo que sí se ha cuidado el Gobierno es de que las medidas anunciadas tengan un impacto directo en las estadísticas de desempleo: los jóvenes que quieran beneficiarse de estas ayudas no tendrán que estar inscritos en las oficinas del Inem, sino en un registro ad hoc, con lo cual no sería descartable que en los próximos meses veamos un trasvase de uno a otro registro, con el alivio estadístico consiguiente. Como siempre con este Gobierno, una mano de pintura para adecentar la fachada, mientras el edificio se corroe por la aluminosis. Maquillaje contra fallo estructural.
El problema es que el Gobierno llega tarde y de manera insuficiente, al igual que la Unión Europea llegó tarde y de manera insuficiente hace 16 meses, pues, como ha hecho patente la Organización Internacional del Trabajo, para que la implantación de la Garantía Juvenil sea eficaz exige una inversión más de tres veces superior a la aprobada por las instituciones comunitarias: 21.000 millones de euros frente a los 6.000 consignados, exactamente a lo que los socialistas europeos nos comprometimos durante la pasada campaña electoral europea. Pensar que la banca europea ha recibido 600.000 millones de euros en ayudas públicas no hace más que añadir sal a la herida y combustible a la indignación ciudadana. Y luego nos extrañamos de que los partidos populistas, xenófobos y antieuropeos cosechen los resultados que cosecharon el pasado 25 de mayo…
Europa no puede seguir dando la espalda ni a sus jóvenes ni al resto de ciudadanos. O Europa da un giro de 180 grados a las políticas que nos han metido en esta espiral de deuda, deflación y empobrecimiento, o preparémonos para las consecuencias de conducir al continente al abismo.
P.D.: Que no se nos pase por alto lo que la semana pasada constató el Ministerio de Montoro: desde que gobierna el Partido Popular se ha reducido en más de 50.000 trabajadores el personal destinado a la docencia no universitaria y los servicios sanitarios. La austeridad mal entendida, la austeridad salvaje liquida los servicios públicos, erosiona la igualdad de oportunidades, pone en riesgo nuestra salud y cuestiona nuestro futuro. ¿Hacia dónde nos lleva el Partido Popular? ¿Qué país está creando?
José Blanco