Lo sucedido en los últimos días con la repatriación del religioso español infectado con el virus del ébola en Liberia ha dejado en evidencia la sinrazón del desmantelamiento de nuestros servicios públicos, especialmente de la sanidad, sacrificados en el altar del beneficio privado con la excusa del ahorro público.
Ha debido ser un hospital público el que haya acogido al sacerdote español. Un hospital, el Carlos III, en proceso de desmantelamiento desde que hace unos meses el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la aquiescencia del Gobierno de España, decidió cerrar el único centro de referencia en enfermedades epidemiológicas con que contábamos en nuestro país para integrarlo en el Hospital La Paz y reconvertirlo en hospital para pacientes crónicos.
Que haya tenido que ser un hospital público el que atienda a Miguel Pajares nos brinda la oportunidad de reivindicar una vez más el valor y la calidad de nuestra sanidad pública y su carácter de garantía última del derecho de cada ciudadano a recibir una atención sanitaria de calidad, un derecho que está siendo puesto en cuestión con las sucesivas oleadas de recortes.
Que haya tenido que ser este hospital en concreto nos interpela sobre el proceso de deterioro y ataque lanzado desde la derecha gobernante contra el sistema sanitario público español y sobre la desprotección en que nos deja.
Desde que el Partido Popular alcanzó La Moncloa e inició su cruzada contra la sanidad pública, el gasto sanitario público se ha reducido en 10.000 millones de euros
Porque conviene no olvidarlo. Desde que el Partido Popular alcanzó La Moncloa e inició su cruzada contra la sanidad pública, el gasto sanitario público se ha reducido en 10.000 millones de euros y son casi 30.000 trabajadores menos los que prestan servicio en el sistema nacional de salud. Por no hablar del aumento del copago farmacéutico o en prótesis, la exclusión de más de 400 medicamentos de la financiación pública o la privatización creciente de servicios.
Y las que están en cartera como se reveló a finales de julio pasado cuando trascendió un documento del Ministerio de Hacienda con hasta 255 nuevas medidas de recorte propuestas por el Gobierno central y las comunidades autónomas en el que figuraban con carácter muy destacado nuevos ataques a la sanidad pública.
Medidas como el «copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas, y emisión de facturas informativas al paciente del coste del servicio»; el «copago por asistencia a consulta médica y urgencias»; el «copago por prestaciones ortoprotésicas y prestaciones con productos dietéticos, así como por interrupciones del embarazo y fecundaciones in vitro» o el establecimiento de una «cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos» y el «aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria y/o de los límites máximos de aportación mensual». En definitiva, sumar al castigo de la enfermedad el castigo al bolsillo del enfermo.
No hay nada más caro que desmantelar los servicios públicos
Solo la reivindicación social y la ofensiva judicial han evitado que el deterioro sea mayor. Pero, a la vista de las intenciones recogidas en ese documento, nada hace presagiar que no vayan a mantenerse, incluso a aumentar, las presiones privatizadoras del Gobierno sobre nuestro sistema sanitario público.
Todo ello hace que la repatriación de Miguel Pajares trascienda al propio sacerdote para elevarse en relato moral, el del valor de lo público, del bien común, del dividendo social. No hay nada más caro que desmantelar los servicios públicos. Ni para nuestros bolsillos ni, sobre todo, para nuestra salud individual y social.
P.D.: Que el Hospital Clínico de Valencia lleve dos semanas sin aire acondicionado es la más triste metáfora de la asfixia a que el Partido Popular está sometiendo a la sanidad pública allí donde gobierna.
José Blanco