Frente a la aterradora cifra de mujeres asesinadas por sus parejas, 40 en lo que va de año, PP y PSOE se enfrascan en otro de sus debates estériles y caducos: el primero niega, contra toda evidencia, que los recortes en todo, esto es, la disminución de los recursos materiales precisos para luchar contra el feminicidio, guarde alguna relación con el incremento de las agresiones y los asesinatos, en tanto que el PSOE, bien que con la evidencia más a su favor, acusa al Ejecutivo de relajación en esa guerra que, como todas, cobra la mayoría de sus víctimas en las filas civiles de los más vulnerables. Lo cierto, sin embargo, es que las vigentes leyes y políticas contra lo que se ha dado en llamar «violencia de género» corresponden a la iniciativa de esos dos partidos, los únicos que han gobernado en España en los últimos 32 años, y no de ningunos otros. Ambos, pues, son responsables del goteo incesante de esos crímenes que atentan, por cebarse en la mujer, contra el fundamento mismo de la sociedad humana.
Todos debemos contribuir a esa lucha, pero ello no debe servir de excusa al poder público para «privatizarla»
Pero ese reparto de la responsabilidad, de la culpa por dejación, por impericia o por incompetencia, no puede establecerse, para ser justo, desde la equidistancia, pues quien gobierna hoy y desde hace casi tres años es el PP, que nada práctico y efectivo ha hecho para que el genocidio amaine, sino antes al contrario. La crisis económica que le ha servido de coartada para sus ajustes (de cuentas) y para el diseño de una sociedad, pobres y ricos con nada en medio, más grata a su ideología y a sus intereses, está incidiendo de manera devastadora en el atroz fenómeno, que no sólo deja cadáveres, sino también huérfanos y personas heridas física y psíquicamente para siempre. El brutal desamparo institucional que sufre hoy la sociedad, ¿cómo no iba a percibirse en los números, que no son números sino personas, de la violencia homicida contra la mujer? Se percibe en más muertes.
Es cierto que todos debemos contribuir a esa lucha, pero ello no debe servir de excusa al poder público para «privatizarla», que es lo que hace atendiendo mal y pobremente el problema. La vida va valiendo poco. La de las mujeres, al parecer, aún menos.
Rafael Torres