Pues menos mal que todos tienen claro lo que van a hacer aunque ninguno lo cuente; imagino que da mucha tranquilidad al ciudadano –sobre todo a los catalanes- saber que unos y otros ya han estudiado concienzudamente todas las hipótesis de lo que pueda pasar el famoso 9 de noviembre, día señalado por la Generalidad para sacar las urnas a las calles de todos los pueblos y ciudades de Cataluña.
El presidente Mas, enfervorecido por el éxito de la «V» de la Diada y ante el clamor que viene de su izquierda, se ha sentido en la obligación de decir que lo de sacar las urnas no es cosa de los demás, de ERC y sus acólitos porque él también está por esa labor: «Urnas no lo dice ERC, lo decimos todos. El primer interesado en que estén las urnas el 9N soy yo. El Estado puede decir que no, pero no puede evitarlo todo. Este reto se resolverá votando, tenemos los mecanismos».
O sea, tienen los mecanismos para resolver el tema mediante el voto aunque no puede dar más explicaciones porque el asunto está entrando ya -ha entrado- en una especie de juego de cartas en el que el único mirón, Pedro Sánchez del PSOE, aunque está a favor del Gobierno central, sigue apostando por un diálogo que ya es imposible y por una reforma constitucional como solución que nunca termina de explicar en que consistiría. De hecho, esa tercera vía del PSOE no la conoce -y así lo ha expresado- ni el propio Artur Mas.
Artur Mas no quiere que el 9N se convierta en un bumerán
Pero si el gobierno de la Generalidad tiene todos los mecanismos preparados para celebrar la consulta, el de Madrid parece tener también todas las claves para evitarla y el Fiscal General del Estado lo explicaba -poco- a la cadena SER: su departamento ha estudiado «todas las posibilidades de actuación hipotéticas» y está preparado para actuar en caso de que Artur Mas incumpla los mandatos constitucionales. La pregunta, claro, es en qué va consistir esa actuación porque no parece muy válido ni una llamada de teléfono a Mas advirtiéndole de que lo que hace no está bien, ni quiero pensar en una intervención de mayor calado ante lo que el propio Torres-Dulce incluso se asustaba un poco: un delito de sedición sería «algo mucho más grave» porque «supone el desarme absoluto del Estado constitucional».
Pero Mas no quiere que el 9N se convierta en un bumerán y también es posible que muchos o pocos ayuntamientos de Cataluña, se nieguen a sacar las urnas y a ver en qué situación quedan entonces los Mossos d'Esquadra a los que por una parte se les adiestra en tácticas de guerra y, por la otra, han dicho claramente que ellos sólo obedecerán la Ley. Y la Ley, a día de hoy, la marcara la futura sentencia del Constitucional.
Y es ahí donde puede estar la trama que de alguna forma satisfaga a un Rajoy y a un Mas que se han metido (el segundo al primero) en un callejón sin salida. Porque el Constitucional tiene la llave y puede tener varias respuestas: desde suspender de un plumazo la consulta a admitirla con una serie de condiciones. Si el TC decide tirar por la calle menos drástica, admitiendo la celebración de una consulta sin valor alguno, sin ninguna consecuencia, o no dejando del todo claro el grado de pena que sería su celebración, todos tendrían la coartada perfecta: el Gobierno de Madrid habría obedecido la sentencia y Mas no habría faltado a su palabra. Que luego la consulta es un fracaso de participación u organización porque se prohíben, por ejemplo, usar los censos, pues esa ya sería otra que daría un respiro a todos sin solucionar, por supuesto, el problema de fondo. Del TC se puede esperar cualquier cosa, incluso que llegue el 9N y no haya ni sentencia.
Andrés Aberasturi