El presidente de la Generalitat, Artur Más, debió creerse el cardenal Cisneros cuando pensó, en su mirada virtual desde los balcones de la plaza de Saint Jaume, que esos cientos de miles de la V eran sus poderes. De modo que dijo: «Listos para votar». Eso era en Barcelona, el 11 de setiembre. En Madrid, la respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se hizo esperar. La previsible, con exhibición de fuerza nacionalista o sin ella, con Diada masiva en Barcelona o sin Diada masiva en Tarragona. A saber: «Listos para aplicar la ley».
Y así vamos todos, los unos y los otros, hacia la colisión programada para el día 9 de noviembre.
De la parte del independentismo catalán, crecido estos con el sonido embriagador de 300 violines y la V de victoriosos -o de vencidos, vaya usted a saber lo que nos depara el paso del tiempo-, llegan repiqueteadas hasta el hartazgo las apelaciones a la relatividad de la ley si en la calle se expresa una mayoría social. Pero las mayorías sociales solo son operativas si se convierten en mayorías políticas capaces de llevar adelante un determinado proyecto: por ejemplo, el de reformar las leyes para encauzar la reclamación. No es el caso. Puede llegar a serlo pero no lo es. O no lo es para cubrir las exigencias.
Bien encaminados como vamos hacia la colisión, que será como un choque de trenes o solo como el fuego de artificio que se desvanece tras el estruendo, conviene retener en la memoria ciertas señales aparecidas en vísperas del 11 de septiembre por sí se confirmasen como precursoras del retorno al sentido común. La más elocuente es ese reciente fogonazo verbal de Arur Mas al preguntarse en voz alta de qué serviría una proclamación unilateral de independencia si nadie estuviera dispuesto a reconocerla.
Si el TC suspende la convocatoria de la Generalitat, Mas pondrá el grito en el cielo pero acatará el fallo
No menos reveladora es la denuncia de los dirigentes de CDC por la falta de implicación de sus socios de ERC, que juegan a quedarse con las limosnas sin haber cargado con el santo. Es decir, que se comportan de modo que vaya a su cuenta política todo el haber de la operación, mientras el debe se le carga a CiU. De esos reproches se desprende que CiU habrá pensado en hacer algo que desactive la estrategia de Jonqueras.
Aunque en el entorno del presidente de la Generalitat sólo se admite la hipótesis de que habrá convocatoria y los catalanes votarán como está previsto, a la luz de la legalidad estatutaria plasmada en la ley de consultas de inminente aprobación, lo cierto es que en privado reconocen que será inútil convocar la consulta si no se tienen garantías legales para celebrarla. En círculos políticos y mediáticos se da por seguro que si el Tribunal Constitucional suspende la convocatoria de la Generalitat, Mas pondrá el grito en el cielo pero acatará el fallo, conectando así con la «mayoría social» de catalanes consultados al efecto en las encuestas, que no están por la insubordinación.
Dos señales más. Una, los insinuantes ritos de apareamiento de CiU con los socialistas catalanes de Mikel Iceta cuando llegue el divorcio con ERC si Junqueras persiste en propagar la doctrina de la desobediencia civil. Y otra, ese cinco a cuatro del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, dependiente de la Generalitat -es decir, nada sospechoso- que hace más que discutible la legalidad de la Ley de Consultas que se va a aprobar la semana próxima en el Parlament.
Antonio Casado