Como administrador de los poderes del Estado, el Gobierno controla la esfera legal pero no puede dictar su voluntad a la sociedad civil. Cuando según qué tipo de leyes chocan con la libertad del individuo, el ciudadano se revuelve. Pese a las afinidades políticas, las preferencias manifestadas en las elecciones no son homogéneas. El grueso de los militantes del PP, por ejemplo, están en contra de la vigente ley («ley Aído») que regula los supuestos en los que se puede interrumpir el embarazo, pero -según revelan las encuestas que maneja el Gobierno- no todos son partidarios del proyecto de Ley del Aborto elaborado por el equipo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Lo dicen las encuestas y lo ha dicho públicamente algún dirigente del partido.
La regulación de los supuestos en los que la ley permitía interrumpir el embarazo establecido en tiempos de la gobernación de Felipe González había sido asumida por los sucesivos gobiernos de Aznar. No hubo debate en los medios y en la calle hasta que Zapatero metió baza en el asunto con aquella descabellada disposición que, sin el conocimiento de sus padres, permitía abortar a las menores de 16 años. Fue el detonante. La presión de los obispos sacando a miles de personas en manifestación contra la «ley Aído», hizo que el PP de Rajoy convirtiera la promesa de derogación de esta norma en un compromiso electoral sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso presentado contra la mencionada ley. Un compromiso que hizo suyo Ruiz Gallardón con un vigor expositivo mediático que sorprendió a quienes le situaban, por decirlo así, en la franja centrista templada del partido. En éste asunto, asumió un protagonismo que parecía dictado por el deseo de congraciarse con el segmento más conservador de los votantes del PP, muy adoctrinados contra la figura del ministro por determinados predicadores mediáticos.
Tras anunciar hace un mes que la ley entraría en Cortes para ser aprobada antes de que finalizara el verano y comprobar después el escaso entusiasmo de La Moncloa -se ha publicado que a la vista de las encuestas desfavorables el Gobierno podría congelar el proyecto- el ministro se encuentra en una posición difícil. Tan difícil -por desairada- que incluso ha dado pie a alguna noticia (no confirmada) que indicaba que barrunta dimitir. Si buscamos en el mundo de la Bolsa la palabra para definir lo que le pasa diríamos que está en pleno gap. Como cuando entre dos sesiones bursátiles aparece alguna noticia o rumor capaz de modificar drásticamente el comportamiento de los inversores. En el caso que nos ocupa, serían los electores y simpatizantes del PP. Según las encuestas que maneja el Gobierno la nueva ley no cuenta con el respaldo universal de los militantes populares y, ya se sabe que para Pedro Arriola (el arúspice de Mariano Rajoy), las encuestas son como las profecías de la Sibila cumana. Es sabido que en la antigua Roma, eran las únicas que gozaban del favor del César. Gallardón, no lo tiene fácil. Debe pensar que el futuro ya no es lo que era.
Fermín Bocos