El asunto está en manos del juez y será la Justicia la que tenga que determinar o no si hubo delito, pero todos sabemos que lo indecente no siempre tiene cabida en el Código Penal y lo ahora sabido sobre las tarjetas «B» de Caja Madrid, resulta de todo punto indecente. Viajes, restaurantes, hoteles y ropa nos han costado algo más de quince millones de euros y hasta donde a una se le alcanza, no es, nunca ha sido, necesario para representar con dignidad un cargo o una institución gastarse semejante cantidad de dinero. Dinero que se camuflaba bajo un supuesto error informático y cuyos titulares, al parecer, creían que no era ilegal.
El juez Andreu se ha dirigido al Banco de España para averiguar si sabía algo de semejante desmán. Aquí, puede ocurrir que nadie supiera nada, que las tales tarjetas formarán parte de la normalidad, un elemento más del paisaje cotidiano de 86 personas y que de acuerdo con el informe enviado al juez se las denominaba «tarjetas complementarias». Y eran complementarias porque además disponían de la «oficial».
De esta historia no se libran ni partidos ni sindicatos y hay que reconocer que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid y candidato seguro para su reelección, ha reaccionado de inmediato, destituyendo al que era su director general de Economía y pidiendo formalmente a la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, que abandone su puesto que ella ha sido una de las usuarias de estas tarjetas «B». Pedro Sánchez ha dicho que habrá que investigar y si se detecta irregularidad, los socialistas implicados serán expulsados del partido. Los responsable sindicales no dan crédito y el PP, a la hora de escribir estas líneas, no se ha pronunciado, salvo Martinez Pujalte que ha pedido rigor para quienes hayan hecho mal uso de una tarjeta que en sí misma, es cuando menos, llamativa.
La Justicia dirá si es o no delito, pero lo que sí se puede afirmar es que es una indecencia que desde una Caja se haya dilapidado el dinero de esta manera. Un equipo directivo se puede equivocar a la hora de decir una inversión, puede calcular mal las ganancias, pero en las famosas tarjetas «B» no ha habido error posible. Se diseñaron a ciencia y conciencia y todos accedieron a ellas sin que, al parecer, a ninguno se le ocurriera pensar que era un exceso inaceptable.
Es seguro que más de uno alegara que nunca pensó que fuera algo ilegal, y es muy posible que no haya recorrido penal, de manera que no cabrá hablar de delincuentes. Sin embargo, si cabe hablar de laxitud de conciencia. Conozco a muchos políticos, empresarios y altos cargos de empresas que pudiendo tener determinados gastos pagados, se han negado a ello y lo han hecho de su propio bolsillo porque creen que su trabajo acaba cuando salen del despacho y si el trabajo continúa en otro lugar pasan la factura justa, indicando el lugar y el día en el que el gasto se realizó. Traigo esto a colación porque no puede valer el argumento de que como la daban, la cogían. No, podrían haber renunciado a ella, pero para que eso hubiera ocurrido era necesario tener, previamente, una concepción clara de donde se estaba y para que se estaba.
La llegada de Goirigolzarri a Bankia ha sido una de las buenas decisiones adoptadas en esta legislatura. Su tarea está siendo impecable y se ha propuesto dejar saneada la entidad, pero en todos su extremos. De ahí, que no sólo sé ocupe de la estrategia financiera, sino de dejar limpio el solar. Una auditoría interna ha destapado lo que ahora conocemos. Goirigolzarri es de los que se irá de Bankia con menos dinero que cuando le dijo sí a Guindos. Ha sido un gran fichaje. Tan bueno, que Mariano Rajoy no debería dejar escapar.
Charo Zarzalejos