Que las barreras legales deben respetarse, como principio básico de convivencia frente a las tentaciones arbitrarias del gobernante y los poderes públicos en general, no impide que los actores políticos traten de eludirlas en nombre de sus objetivos de partido. Es evidente ese modus operandis en la senda del nacionalisno catalán hacia su ensoñación independentista. De momento se trata de eludir los efectos de la suspensión preventiva de la ley de consultas y la convocatoria de un referéndum consultivo para el próximo 9 de noviembre, dictada hace unos días por el Tribunal Constitucional al admitir a trámite un doble recurso del Gobierno de la Nación.
A Dios rogando y con el mazo dando. Regates jurídicos en nombre de la legalidad y apadrinamiento de movilizaciones sociales en la calle. Esos son los dos resortes de Artur Mas y sus costaleros nacionalistas para seguir manteniendo la tensión frente a los poderes del Estado que, a su vez, naturalmente, ejercen su derecho legítimo a defenderse de quienes quieren reventarlo. Y así hasta que la cuerda se rompa por algún lado. O hasta que la proverbial sed de centralidad que siempre fue una característica de CiU acabe reclamando un retorno al sentido común. Menos probable es que Moncloa se vuelva inesperadamente sensible a las reclamaciones nacionalistas. De ninguna manera antes del 9 de noviembre porque en estas circunstancias sería interpretado como una rendición.
Ahí estamos. La Generalitat acepta el pulso también en el terreno de la legalidad. En ese sentido, ha presentado un doble recurso pidiendo al Tribunal Constitucional que levante inmediatamente la doble suspensión de la ley y el decreto mencionados, alegando más o menos que en realidad las decisiones de la Generalitat están prestando un servicio a la Constitución Española en tanto que ésta anima a los poderes públicos a crear las condiciones de una verdadera democracia (como lo oyen). Además, ha publicado un decreto de creación de una junta electoral que controle la consulta del 9 de noviembre -en caso de celebrarse, una hipótesis que los nacionalistas contemplan-, pero evitando su anclaje jurídico en la suspendida ley de consultas y remitiéndose, en cambio, a otra norma autonómica (ley de la Presidencia). El segundo truco legal es motivar el decreto «a efectos de la vigencia correspondiente». O sea, que la norma queda congelada hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el fondo de los recursos presentados por el Gobierno de la Nación.
En cuanto a las movilizaciones de la calle, tampoco es ningún secreto que Artur Mas y sus socios han decidido pasar el balón a la sociedad civil para que se mueva en el ámbito de las libertades ciudadanas (expresión, manifestación, reunión.) y evitar que el balón lo jueguen en este momento procesal (suspensión de la campaña institucional) los gobernantes y los funcionarios, que se mueven en el ámbito del servicio público y podrían incurrir en penas de habilitación.
Antonio Casado