Además de insecticidas, herbicidas, fungicidas… parece que tambien podría haber «cienci-cidas». Es decir, algo que estaría «matando» o eliminando la Ciencia en el asunto de los pesticidas. Como si algunos estudios que evidenciasen los efectos de algunos pesticidas fuesen «malas hierbas» o «insectos perjudiciales» a eliminar.
Ello, en un asunto tan importante como es el establecimiento de los niveles legales, aparentemente «seguros», de exposición a una serie de sustancias que muy frecuentemente aparecen como residuos en muchos alimentos, no es, ciertamente, algo baladí. Es algo que podria tener serias implicaciones sanitarias.
Eso es lo que se denuncia en un informe que acaba de ser presentado por la organización PAN-Europe (Pesticides Action Network-Europe) y que muestra hechos escandalosos acerca de cómo las agencias reguladoras, las entidades europeas que deberían velar para proteger nuestra salud frente a los contaminantes químicos, están fallando al hacerlo.
Según esta organización «las entidades que se ocupan de la regulación de los pesticidas están ignorando su obligación de tener en cuenta la ciencia independiente a la hora de establecer los niveles «seguros» de exposición a ésas sustancias». Es muy importante, en estos asuntos, distinguir muy bien entre la ciencia académica independiente y la ciencia producida por los propios fabricantes de pesticidas o pagada por ellos. Muy importante.
Lo denunciado en el informe es muy grave. Para realizarlo, PAN Europe revisó lo que había sucedido en concreto con la evaluación oficial de la seguridad de 7 pesticidas, tomados estos solo a título de ejemplo de lo que puede estar sucediendo con otros muchos. Se trata de 7 pesticidas muy usados cuya re-aprobación había sido solicitada por la industria (thiabendazole , amitrole, l-cyhalothrin, esfenvarelate, fenhexamid, 2,4-D y glifosato)
¿Y qué es lo que vieron revisando los dossieres presentados para conseguir la autorización? Pues que de centenares de estudios existentes en la literatura científica, publicados y perfectamente accesibles, que mostraban que esas sustancias podían causar efectos perjudiciales, ninguno fue tenido como «relevante». Sí parecieron, relevantes, claro está, ciertos estudios de la industria o pagados por ella.
Ninguno de los 434 estudios independientes que mostraban efectos adversos de esas sustancias, publicados en la literatura científica, fue considerado con entidad suficiente para ser tenido en cuenta a la hora de decidir qué nivel «seguro» de estas sustancias debía establecerse. Algo cuando menos sorprendente, toda vez que esos cientos de investigaciones habían sido publicadas en revistas científicas muy serias y realizados por investigadores de prestigio. Ninguno fue tenido en cuenta.
Un hecho peculiar del proceso de evaluación de la seguridad de los pesticidas es que, tal y como se ve en el informe de PAN Europe, sea la propia industria que comercializa los pesticidas a evaluar la que elabora el dossier y selecciona los estudios que se incluyen en él antes de hacerlo llegar a instancias oficiales para que, al menos teóricamente, sean revisados y ver si se decide autorizar el uso de una sustancia y en qué condiciones.
Es importante destacar que hasta hace muy poco, por llamativo que parezca, la industria ni siquiera estaba obligada legalmente a incluir estudios independientes en tal dossier. Esto es, estudios que no hubiese realizado ella misma o que, como tantas veces sucede también, ella misma haya pagado.
Sin embargo, pese a existir ahora esa obligación, y es lo que se denuncia, parece que al hacer la selección de esos estudios elaborados por la ciencia académica la industria tiene una particular forma de seleccionarlos y que los organismos oficiales, que no deberían permitirlo, lo consienten.
Así, como comenta PAN-Europe, al hacer los dossieres, aunque existe el mandato de tener en cuenta toda la literatura cientifica disponible, «la industria solo encontró un 23%» de esos 434 estudios y, por lo tanto, solo envió información de ellos (y de ésos que sí remitió, como se comentaba, ninguno le parecía «relevante»).
El sistema: que se deje a la propia industria seleccionar los estudios sobre los productos que ella misma tiene interés en seguir comercializando y que pueda incluso opinar si le parecen o no «relevantes» es, desde luego, llamativo.
Pero no menos llamativo es que, como se denuncia, las autoridades encargadas de la regulación de los pesticidas en los Estados Miembros de la Unión Europea hayan dado por buenas determinadas selecciones de estudios hechas por la propia industria, donde tantísimas investigaciones serias son descartadas. Los Estados Miembros, que luego supervisan ésos expedientes «permiten que la industria , sin ninguna lógica» -dice PAN Europe- «descalifique los estudios independientes y no demandan una revisión de ésas evaluaciones antes de autorizar el uso de un pesticida».
Según se denuncia, la mayoría de los Estados de la UE, no aseguran debidamente que la industria realice adecuadamente esa búsqueda obligatoria de estudios independientes. Es más, hay algún Estado en concreto, España, que llegó incluso al extremo de alegar sin ningún fundamento, «que no existía tal obligación» en el proceso de evaluación de un pesticida.
Finalmente, es también llamativo que la Comisión Europea no actúe para remediar la situación. El problema es que, como apunta la organización que lo denuncia: «hacer caso omiso de los estudios que muestran efectos dañinos para la salud también implica que los estándares de seguridad alimentaria que se establezcan a consecuencia de ello podrían fijarse a unos niveles de concentración demasiado altos para esas sustancias, lo que pondría a los ciudadanos europeos en riesgo».
Un ejemplo que se cita es lo que sucede con el herbicida 2,4 D, uno de los pesticidas más usados en el planeta: «mientras la Unión europea considera que la concentración más baja a la que este pesticida puede ser dañino es a una dosis de 62,5 mg/kg, basándose en los estudios pagados por la industria, la literatura científica independiente muestra que hay efectos a unas dosis de tan solo 3,3 y 2,5 mg/kg en dos estudios sobre animales, es decir, 20 veces menos»
En algún caso se llegaron a encontrar estudios que falseaban las dosis que se alegaban como seguras, de modo que las dosis podían ser decenas e incluso cientos de veces más bajas.
PAN Europe critica la obstinación de las entidades reguladoras a la hora de «desmantelar las obligaciones legales democráticamente acordadas» y que sigan «ignorando lo que dice la ciencia académica». Esta entidad está «muy preocupada por la manera en que decisiones democráticas de EU se convierten en «papel mojado» cuando se implementan en la Comisión y por los Estados Miembros. Las instituciones de la UE y las partes interesadas deben discutir esto».
La ciencia académica, publicada en las revistas científicas más serias del planeta y sometidas por lo tanto a la crítica de todos los investigadores, lo que contribuye a su mayor fiabilidad, podría estar siendo despreciada soberanamente, optando por tener en cuenta, ante todo, los estudios hechos y/o pagados por las propias industrias cuyos productos se someten a examen. Pasa con los pesticidas y pasa con otras sustancias tóxicas y sobre ello se han producido importantes manifiestos de queja de la comunidad cientifica. Es, desde hace mucho, un triste cáncer que mina la fiabilidad de los supuestos límites «seguros» de exposición a las sustancias a las que diariamente se exponen millones de personas.
Ignorar la ciencia académica a la hora de evaluar los riesgos que pueden suponer cosas como la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos es ya una larga tradición. La verdad es que el modo en el que se ha evaluado hasta ahora la seguridad de los pesticidas es tan escandaloso que solo la ignorancia de la población acerca de ello, ocupada en otras cosas, explica que se haya hecho así. Durante mucho tiempo, por sorprendente que pueda parecer, ha habido comités de expertos (cuyos nombres no se hacían públicos), que, basándose en estudios de las propias industrias químicas fabricantes de pesticidas, estudios que tampoco eran de acceso público, han evaluado la seguridad de muchas sustancias.
A pesar de que existiesen millares de estudios científicos realizados por científicos independientes pertenecientes a prestigiosas instituciones, toda esa ciencia no se tenía en cuenta. Solo la ciencia pagada por la industria era la que contaba.
No fue sino hasta 2008 (¡2008!) que en la Unión Europea se decidió cambiar algo ése esquema y no sin mucha resistencia. Y así el Reglamento 1107/2009 recogió, por fin, que las industrias que soliciten la aprobación de un pesticida, además de sus estudios pagados, deben incluir en el dossier estudios independientes (peer review, es decir, revisados por pares) para que, en teoría al menos, fueran tenidos en cuenta en el proceso de aprobación. ¡Pero se dejó en manos de la industria elaborar esos dossieres y seleccionar esos estudios!
Tan pronto como en 2011, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), teóricamente dedicada a aquello que su nombre predica, puso en marcha algo singular que, como comenta PAN Europe sirvió, directamente, para descartar automáticamente decenas de miles de estudios científicos en contra de lo que , precisamente, había llevado a la redacción del reglamento comunitario antes citado.
Esta agencia, lastrada desde su creación por denuncias de conflictos de interés entre sus integrantes, diseñó un singular documento de orientación, que permitió que los estudios de la propia industria fuesen tenidos falsamente como más «fiables» que los de la ciencia académica a la hora de evaluar los riesgos de los pesticidas. Todo se basó en la propuesta de tres empleados de una multinacional química -BASF- que establecieron unos criterios (la llamada puntuación Klimisch) que servían para que, casi automáticamente, pudieran descartarse miles y miles de estudios científicos realizados por centros de investigación y universidades de todo el planeta.
Así , de un plumazo, podían acabar «en la papelera» miles de estudios cuya realización había costado ingentes cantidades de «dinero público invertido por la sociedad para que la ciencia conociese acerca de los riesgos para la salud» descartando infinidad de estudios que no serían «tenidos en cuenta en los procesos de toma de decisiones de Bruselas»
Curiosamente, como denuncia PAN Europe, los estudios descartados usan unos métodos mucho más sensibles para medir posibles efectos. Los otros, los de la industria, se basan en métodos criticadísimos en la comunidad científica ya que, entre otras cosas, pueden basarse en exposiciones a dosis crónicas tan elevadas que no reflejan lo que sucede a las dosis a las que realmente se exponen las personas, no se considera debidamente lo que puede suceder durante periodos sensibles del desarrollo, se sacrifica a animales de laboratorio sin dar tiempo a que lleguen a la edad a la que de hecho se manifestarían algunas importantes enfermedades crónicas, etc. Así, se comenta, los ciudadanos se encuentran ante el absurdo de que los riesgos de las sustancias son evaluados basándose en estudios hechos con sistemas menos sensibles para detectarlos y desarrollados por las propias industrias que obviamente tienen interés en que ésas sustancias sean consideradas seguras para ponerlas en el mercado.
Carlos de Prada