La situación es esta: o el Estado acaba con la corrupción o la corrupción destruye al Estado. Hemos llegado a un punto máximo de desafecto hacia la clase política como consecuencia del cotidiano descubrimiento de nuevos casos de políticos implicados en casos de corrupción. Las redes sociales echan humo y destilan adjetivos irreproducibles. La gente que se asoma a los medios reprocha con palabras durísimas la pasividad de los gobernantes frente al cáncer que devora la credibilidad de quienes se dedican a la política. Predominan las sospechas de connivencias que desembocan en impunidad. Hay crimen pero no se ve el castigo. Es sorprendente la levedad del discurso del presidente del Gobierno a propósito de los casos de corrupción. El domingo, en un acto celebrado en Murcia en el que participaban decenas de alcaldes del PP, ni siquiera mencionó a la corrupción por su nombre «Unas pocas cosas no son 46 millones de españoles». Proclamar la víspera de la detención de medio centenar de presuntos implicados en una trama de corrupción extendida por varias provincias (la mayoría alcaldes y al frente de ellos el ex senador y ex presidente de los populares madrileños, Francisco Granados) que los casos de corrupción son «peccata minuta», provoca desconcierto. Y genera preguntas. En la operación desarrollada participaron 150 guardias civiles. Agentes judiciales que, lógicamente, sabían desde días antes la misión que les ocuparía el lunes, ¿estaba el ministro del Interior al tanto de la operación? Si, como parece lógico, lo estaba, ¿informó al Presidente del Gobierno? Si así fue y sabiendo que al día siguiente se iba a producir la mayor redada que hemos conocido contra la corrupción, ¿cómo es que en su discurso Rajoy minimizó el alcance de los casos de corrupción? ¿Quién le escribe los discursos empeñándose en hablar únicamente de la recuperación económica? ¿Es que no hay nadie en La Moncloa para decirle que el hartazgo de la gente está en puertas de alcanzar masa crítica? La gente está harta de discursos justificando recortes salariales y despidos -según Caritas el 25% de la población está en el umbral de la pobreza-. Harta de oír que hay que seguir apretándose el cinturón mientras que los telediarios se han convertido en un desfile diario de nuevos casos de políticos pillados con las manos en la masa.
Lo peor de la corrupción es la sensación de impunidad que apareja. Impunidad que a veces toma el nombre de amnistía fiscal. Que alguien nos explique cómo es posible que si Hacienda sabía que Francisco Granados se había acogido a tan vergonzosa medida de amnistía para regularizar el dinero negro que tenía en Suiza, nadie le había llamado para preguntarle por el origen de su cuenta opaca millonaria. Que nadie se lo tome a broma. No es una exageración: o el Estado acaba con la corrupción o es la corrupción la que tumba al Estado.
Fermín Bocos