Las organizaciones: partidos, empresas, bancos, etc., no delinquen, quienes delinquen son los individuos. Ciudadanos con nombre y dos apellidos. En el ámbito de las responsabilidades penales la responsabilidad es individual; cada uno es responsable de sus actos. Cosa diferente es la responsabilidad política de quien al designar a alguien para un cargo le avala ante la sociedad y contrae un compromiso. Cuando el avalado se tuerce o delinque, a mi modo de ver, la responsabilidad política del avalista es evidente. Escribo esto al hilo de las últimas y sonadas detenciones llevadas a cabo en el transcurso de la operación anticorrupción en el que están imputados varias decenas de personas, algunos de ellos alcaldes u otros cargos políticos de primer nivel. Caso de Francisco Granados, hasta hace poco senador y secretario general del PP de Madrid. Esperanza Aguirre designó y avaló a Granados para ocupar sus cargos. A la vista de la trama, y más allá de haber pedido perdón por haber confiado en quien no merecía su confianza, ¿debería Aguirre dimitir como presidenta del PP de Madrid? Tomás Gómez, secretario general del PSOE de Madrid, designó y avaló como sucesor suyo al frente de la alcaldía de Parla a José María Fraile. ¿Debería Gómez dimitir y retirarse de la política?
Carlos Solchaga dimitió tras el affaire que llevó a prisión a Mariano Rubio
Luis Bárcenas -en prisión bajo acusación de fraude fiscal y blanqueo de capitales- fue nombrado tesorero del PP por Mariano Rajoy. Como avalista que fue ¿debería haber dimitido renunciando a ser Presidente del Gobierno tras el encarcelamiento de aquél en quien había depositado su confianza? ¿Fue suficiente con haber reconocido que se equivocó al confiar en Bárcenas? José María Aznar impuso y por lo tanto avaló a Miguel Blesa como presidente de Cajamadrid. Conocidas las andanzas de su avalado, ¿debería haberse disculpado? ¿Debería haberlo hecho Rajoy por avalar a Rodrigo Rato para ocupar la presidencia de Bankia? Repito que la responsabilidad de los actos si entrañan delito es individual, pero cuando los protagonistas pertenecen a la clase política, su responsabilidad se proyecta más allá. Episodios hubo en el pasado de políticos que dimitieron por entender que aun sin estar implicados en los casos que determinaron el procesamiento de alguno de sus colaboradores, a ellos les alcanzaba la responsabilidad política. Carlos Solchaga dimitió tras el affaire que llevó a prisión a Mariano Rubio (Gobernador del Banco de España) y otro tanto hizo Josep Borrell a raíz del escándalo de los inspectores de Hacienda de Barcelona, funcionarios corruptos que él no había nombrado. Llamarse andana en orden a la responsabilidad política frente a los casos de corrupción retrata a los avalistas. También describe la actitud con la que hasta hace poco los afiliados y simpatizantes de los partidos toleraban la corrupción de los «suyos». A quien le ofrezca dudas esta afirmación que repase los resultados obtenidos en los últimos años por el PP en la Comunidad Valenciana o por el PSOE en Andalucía.
Fermín Bocos