Reconozcámoslo, este Gobierno, con José Ignacio Wert como brazo ejecutor, no sólo se ha empeñado en devaluar el presente de los ciudadanos de este país, sino que pretende asegurarse la devaluación de sus expectativas de futuro. No se da por satisfecho con haber provocado el mayor aumento de la desigualdad de nuestra democracia sino que, parafraseando a aquel, a fuerza de socavar la educación pública está abonando un camino de servidumbre para el futuro.
¿Exageración? Ni mucho menos.
Desde que el Partido Popular tomó La Moncloa, y pese a la palabra dada por Mariano Rajoy de que no le metería la tijera, el presupuesto de educación ha sufrido una mengua del 20%, una dato en sí mismo apabullante pero que palidece si sumamos las cantidades que debería haber recibido la educación de haberse mantenido el esfuerzo inversor del último gobierno socialista: 2.775 millones de euros acumulados, una cifra superior en 500 millones de euros al presupuesto de este año.
No se trata de simples números. Este recorte presupuestario sistemático está infligiendo un daño de consecuencias traumáticas en el sistema educativo y, consecuentemente, en la igualdad de oportunidades. Las memorias publicadas por el propio Ministerio de Educación constatan el recorte de 18.000 plazas de profesores a lo largo de esta legislatura y de 677.000 ayudas al estudio. No es un error, 677.000 ayudas al estudio menos, entre ellas, ayudas a libros de texto para familias que no pueden permitirse sufragar ese gasto para sus hijos. Un dislate. Una injusticia. Y una infamia.
En menos de una legislatura, el Partido Popular ha logrado recortar 4 décimas el peso de la inversión educativa en el PIB, desandando el camino andado a lo largo de la última década. Pero no les parece suficiente: quiere más, concretamente, dejar el gasto educativo por debajo del 4% del PIB, como ha comunicado a la Comisión Europea, un punto por debajo del 5% alcanzado durante la última legislatura socialista o del 5,3% de media en Europa.
Pero si un ámbito ha estado en el filo de la tijera del Partido Popular ha sido el de la universidad pública. Porque en su modelo de sociedad sobran estudiantes universitarios, en concreto, estudiantes universitarios de clases medias y trabajadoras. No es casualidad que el número de beneficiarios de becas se haya reducido en 16.000 y que el presupuesto para becas acumule un recorte de más del 13%, o que la cuantía media de cada beca se haya reducido en 300 euros, mientras las matrículas universitarias han subido un 20% de media. Recortes de ayudas, subidas de precios: la doble pinza de la tenaza con que estrangular las posibilidades de los estudiantes de familias menos pudientes de acceder a una educación superior.
Y, ahora, la puntilla: los grados de 3 años. Una medida absurda en sí misma y letal en sus consecuencias. Primero, porque deja a la consideración de cada universidad adaptar los grados al nuevo sistema de 3 años más 2 de máster, lo cual hace inviable la ensoñación de cualquier convergencia hacia un espacio europeo de educación superior. Al contrario, favorece el galimatías de las titulaciones.
En segundo lugar, y más grave, porque dinamita la igualdad de oportunidades: si antes todos los estudiantes salían al mercado laboral con una carrera equiparable, ahora ningún estudiante que no haya cursado el máster complementario al grado tendrá la más mínima oportunidad frente al que sí haya completado su formación, especialmente con un máster privado. ¿Cabe alguna duda?
Primero el recorte, luego el deterioro, posteriormente el descrédito y, con él, finalmente la justificación para el abandono. Esa es la hoja de ruta educativa del Partido Popular, el eje de su proyecto de ingeniería para una sociedad devaluada. Si la educación es el barro con el que se modela una sociedad, lo que es y lo que aspira a ser, está claro que el Gobierno ha decidido tirar al barro el futuro de la inmensa mayoría de los ciudadanos. ¿Quién necesita formación en esta España de trabajos precarios y salarios de miseria? Que inventen otros…
José Blanco