Han ido contra Ignacio González, pero los escaldados han sido ellos, dos policías que hacía tiempo que estaban en boca de quienes siguen el día a día de la política y de lo que ocurre en los tribunales.
El comisario Villarejo no tiene buena fama -por no decir que la tiene pésima- entre un buen número de policías, guardias civiles e incluso jueces; pero su compañero, al que llaman “Blasillo”, la tiene aún peor. El presidente del Gobierno madrileño, que aspira a ser candidato pero cada vez lo tiene más difícil, se ha encontrado enfrente a dos personajes que pocos quisieran tener como rivales. La fama de los dos es mucho peor que la de González, incluso aunque se diera el caso de que se comprobara que cometió delito al comprar el famoso ático de Estepona, que hasta ahora no se ha demostrado que haya cometido; aunque éticamente queda regular que un personaje público adquiera una vivienda a través de una sociedad off shore. Estamos en el “continuará”, y se van a producir sorpresas. Al tiempo.
Sorpresa también enterarse de que Pablo Iglesias ha iniciado un acercamiento a Jueces para la Democracia, la asociación progresista de la judicatura.
El dirigente de Podemos está familiarizado con los asuntos de la Justicia, porque su pareja anterior a Tania Sánchez era una juez, y su madre es abogada laboralista, y dicen los profesionales que de las buenas. A principios de febrero Iglesias pidió una cita con JPD y junto a sus compañeros Rafael Moyano e Irene Montero se reunieron con miembros del secretariado de la asociación.
La percepción de los jueces, y así lo trasladaron por escrito a los asociados, es que Iglesias tiene buenas intenciones, pero con escasa información sobre asuntos internos y sin ideas claras sobre cómo deberían procederse a la elecciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de otras instancias relacionadas con la Justicia.
La Audiencia de Palma ha imputado a Grau unos días antes de que se conociera la lista municipal
Donde se producen situaciones, por cierto, curiosas. Un juez decide, con buen criterio, aplazar la decisión sobre la imputación de Chaves y Griñán hasta después de las elecciones andaluzas. La Audiencia Provincial de Palma en cambio ha imputado al vicealcalde de Valencia unos días antes de que se conociera la lista municipal, en la que Alfonso Grau repetiría como número dos de la encabezada por Rita Barberá.
La imputación llega después de que el fiscal no viera comisión de delito en Alfonso Grau, porque aunque el ayuntamiento contrató a Nóos para que organizara un evento deportivo, el evento se celebró y Urdangarín cobró por el trabajo realizado; el juez Castro rechazó por dos veces la imputación por el mismo motivo, pero recurrió el grupo municipal socialista, y la Audiencia ha decidido ahora, esta semana, la imputación. Recurso, insistimos, presentado por el grupo municipal socialista … adversario directo y principal de Grau y Barberá.
Si eso no es utilizar dos varas de medir ante la imputación de dirigentes políticos, cuando además el recurso lo presenta el rival con el que se debe batir dentro de tres meses en unas elecciones… Que nos lo expliquen. Porque efectivamente hace falta que lo explique la Sala de Palma que en otros casos ha defendido con uñas y dientes a un juez Castro que imputaba a Urdangarín y que ahora no ve motivos para hacerlo con Grau. Y luego quieren que creamos a pies juntillas en la independencia judicial… Pues va ser que según y cómo. Hay jueces y fiscales que de independencia andan escasos.
UPyD se ha gastado 260 mil euros en querellas y demandas contra personas o entidades que podían haber incurrido en delitos de corrupción. Una cantidad importante, en la que no se incluyen minutas de abogados, pues el partido tiene varios en plantilla. UPyD está empeñada en una lucha sin cuartel contra la corrupción y las malas prácticas, y le está costando una pasta. Las encuestas sin embargo no indican que los españoles le reconozcan el esfuerzo.
Pilar Cernuda