Me gustaría saber en qué estarían pensando los reguladores cuando la BPA (Banca Privada de Andorra) obtuvo la licencia para operar en España a través del intervenido Banco Madrid. Con los oscuros antecedentes bancarios en el diminuto país -no recomendables en un concurso sobre transparencia-, era como inocular en el sistema bancario español los virus de los males propios de un paraíso fiscal.
La suspensión judicial del concurso de acreedores, que se prolongará a lo largo de las dos próximas semanas, se ha dictado con la intención de dar tiempo a que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) valore la oportunidad de rescatar la entidad o proceder a su liquidación. Si se decide rechazar una operación de rescate, el Juzgado continuaría la tramitación del concurso ya solicitada por los interventores del Banco de España por el «fuerte deterioro sufrido en su situación económico-financiera». Bueno, es una forma de disfrazar la fundada sospecha de que la matriz del Banco Madrid estaba relacionada con el blanqueo de capitales, según la denuncia norteamericana que indujo la decisión del Gobierno andorrano de intervenir la mencionada BPA y, a su vez, la decisión del Banco de España de intervenir la filial española,
Tampoco se entiende que las limitaciones en la retirada de fondos (de nuevo se ha vuelto a hablar de «corralito»), decretadas el lunes pasado, no cursaran inmediatamente después de la intervención, que se produjo seis días antes. Con las fundadas sospechas de que la entidad andorrana era un parking de dinero sucio, lo normal es que se disparasen las fugas.
Se entiende que la intervención de un banco pretende reconducir la gestión de un banco averiado. Pero en este caso también había de servir para levantar las alfombras y descubrir si realmente muchas o algunas cuentas millonarias estaban canalizando dinero procedente del crimen organizado. La sospecha se ha hecho carne en forma de blanqueo de capitales. Falta poner nombre a los titulares de las cuentas en las que anidan presuntos delitos. Se ha filtrado que por medio hay políticos y empresarios y algunos ardemos en deseos de conocerlos ¿Lo sabremos o se tenderá, una vez más, un tupido velo para no perjudicar la imagen y el buen nombre de ciertos personajes?
La transparencia se impone. Con más razón si acaso se decide una operación de rescate del Banco Madrid, como en su día ocurrió con Bankia y ciertas cajas de ahorro. En ese caso, y a modo de dosis de recuerdo, conviene saber que el sentido de las ayudas públicas para salvar a una determinada entidad bancaria consiste sobre todo en echarle el salvavidas no al banquero, al directivo corrupto o al depositante de dinero inconfesable, sino a los españoles de a pie que tuvieran depositados sus ahorros o sus cuentas corrientes en el Banco intervenido.
Antonio Casado