Diego Torres, el socio de Urdangarin en la empresa Nóos, es un hombre inteligente. Profesor en la escuela de negocios de ESADE, fue el verdadero cerebro del entramado de empresas que, según el auto de acusación, malversaron más de seis millones de euros de las arcas públicas en comunidades como Valencia, Madrid o Baleares. Urdangarin aprovechó su privilegiada relación familiar como yerno del Rey para lograr los suculentos contratos. De entrada, conviene recordar este punto, ahora que los antiguos socios y amigos han decidido, como estrategia de sus defensas, cargar todas las culpas el uno en el otro.
Mientras que Urdangarin se buscó un abogado con poco ímpetu y que, hasta ahora, le ha llevado de derrota en derrota hasta el día del juicio, Torres y su letrado han basado toda su estrategia en implicar a la familia real, a sabiendas de las connotaciones que esto supone para la Justicia. La traca final ha sido su petición de testimonios en la vista oral en la que, cabe recordar, estará sentada en el banquillo, junto a los dos socios, la infanta Cristina como cooperadora necesaria en el fraude fiscal.
Buscando el espectáculo mediático Diego Torres ha solicitado que comparezcan en la sala seiscientos ochenta y ocho testigos entre los que se encuentran, Felipe VI, Juan Carlos y Sofía, la otra infanta, Elena y su ex marido Marichalar. Salvo los niños y Letizia no falta ninguno de los inquilinos de la Zarzuela. Pero, por si faltaba alguien en el escenario, también piden el testimonio de la «amiga especial» del Rey Juan Carlos, la intermediaria y organizadora de cacerías, Corinna zu Sayn Wittgenstein, de la que todavía no se ha explicado que hacía en la presentación de los eventos de Valencia que nunca llegaron a realizarse.
¿Qué pretende obtener con semejante desfile de lo más granado de vida pública española en los años del despilfarro? Simplemente demostrar que la Casa Real estaba detrás de todos los negocios que pergeñaron él y Urdangarin y que la simple presencia del que fuera secretario de las infantas Carlos García Revenga demostraría que el anterior jefe del Estado era puntualmente informado por el jefe de su Casa, Alberto Aza.
Para justificar la petición de tantos ilustres como testigos en el juicio, Torres ha hecho llegar al instructor decenas y decenas de correos electrónicos, mensajes y facturas con las que quiere probar la tutela de la familia real sobre los negocios de Nóos y, por tanto, su absoluta «legalidad«. Poseedor de amplísima información, recordemos que, cuando el párvulo abogado de Urdangarin se negó a la desimputación de su esposa, Torres empezó a filtrar correos y sms que dejaron en muy mal lugar al yerno del Rey. Era solo un aperitivo de lo que ahora quiere mostrar en la sala.
El magistrado Diego Gómez Reino, nuevo responsable de la Audiencia de Palma, será el encargado de dilucidar que testimonios se aceptan de las más de seiscientos solicitados. Pero, lo que ya ha conseguido Torres es que el juicio se retrase y su prevista duración de cuatro meses quede ahora en entredicho.
Su error es pensar que el conocimiento, o incluso el apoyo de la Casa Real a sus chanchullos, confieran legalidad a su presunta apropiación de fondos públicos. Pueden quebrar aún más la imagen de Juan Carlos I pero, si se demuestra que el juez Castro tenía razón en su auto de imputación, los dos socios acabarán en la cárcel.
Victoria Lafora