En su paso por el Tribunal Supremo, donde compareció hace unos días ante al juez instructor y los fiscales del caso, Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía, declaró que no le consta que se cometieran ilegalidades o irregularidades con el dinero destinado a trabajadores y empresas en apuros (ERE). Si dice la verdad, fue un mal gobernante por no enterarse de lo que ocurría en ámbitos de responsabilidad propia. Si miente, un prevaricador, por consentir ilegalidades a sabiendas.
Personalmente prefiero creer y creo que el primero es el supuesto verdadero. Por tanto, se le puede exigir responsabilidad política pero no parece imputable una conducta delictiva. Y así lo espera él, un pronunciamiento exculpatorio en lo penal, lo cual le daría ocasión de irse de la política con la cabeza alta, sin esperar a que se lo pidiera su partido (de aplicación al también ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que también ha declarado ya en el Supremo).
En esta enésima entrega del caso de los ERE andaluces (855 millones de euros repartidos, de los que 141 fueron defraudados), Manuel Chaves ha compartido protagonismo mediático con el ex interventor general de la Junta de Andalucía en el período 2000-2010, Manuel Gómez Martínez, que ha tomado la palabra para calificar de «invenciones» los datos en los que aquel se apoya para desviar su responsabilidad hacia escalones inferiores de la administración andaluza.
Admite que las llamadas «transferencias de financiación» siempre tuvieron respaldo parlamentario, aunque por su propia naturaleza impedían el control de la Intervención sobre decisiones de la Consejería de Empleo. Según Gómez Martínez, que también está imputado por la jueza Alaya, las advertencias de la Intervención General sobre la improcedencia legal del instrumento elegido para distribuir aquellos fondos públicos (las dichas transferencias) no se hicieron llegar al presidente de la Junta sino a las consejerías (Hacienda, Empleo y Financiación).
Ahí está es la madre del cordero: ¿Es creíble que una información tan relevante como esta, en manos de un consejero de la Junta, no llegase al presidente de la misma? Y la respuesta a esta pregunta es la que nos remite a la eventual responsabilidad penal de Chaves y Griñán si realmente fueron conscientes de las irregularidades en la distribución de estos fondos públicos, o simplemente a la responsabilidad política, si fueron tan poco diligentes como para no enterarse de lo que ocurría en el escalón inmediatamente anterior al de su rango institucional.
Lo que está claro es que en la exposición razonada de la juez, tal y como la envió al Tribunal Supremo, por tratarse de personas aforadas, no está ni mucho menos acreditado que Chaves y Griñán idearan, impulsaran, ampararan o fueran conscientes, de que delante de sus narices estaba funcionando una trama para delinquir.
Antonio Casado