No es una cuestión de opinión pública, ni de opinión publicada. Es una cuestión de decencia política lo que impulsa a los ciudadanos no anestesiados por la servidumbre partidista a reclamar la publicación de la lista con los nombres de los españoles que se acogieron a la amnistía fiscal en el año 2012. Gentes que llevaban años cometiendo un delito por ocultar al Fisco sus ingresos y ganancias patrimoniales
Cuando los ciudadanos que pagan religiosamente los impuestos han tenido conocimiento de los detalles del escamoteo fiscal perpetrado por Rodrigo Rato los niveles de indignación se han disparado. La Red arde en mensajes y todos cursan en un elevado tono de indignación. «Impunidad» es una de las palabras que más se repiten. «Al acogerse a la amnistía fiscal, Rato y con él los otros 30.000 defraudadores buscaban la impunidad». Es la sentencia de los internautas. De los 30.000 acogidos a la ventajosa regularización, hay 705 (Rato era uno de ellos) cuyos nombres, al parecer están siendo investigados por Hacienda por sospechar del origen (dudoso) de los fondos declarados. Para más inri, resulta que en palabras recientes el ministro de Justicia (Rafael Catálá), dio a entender que entre los consignados en la lista habría personas relacionadas con la función pública. Al no facilitar más precisiones sus declaraciones han dado pie a todo tipop de especulaciones en relación con la identidad de los acogidos a la mencionada bicoca fiscal. Recordemos que sólo fueron penalizados con un 3%, cuando la sanción ordinaria a los defraudadores multiplica por dos la cuantía de lo hurtado al Fisco. Amén de una posible pena de prisión en función del monto de lo defraudado. Reciente está el caso del famoso abogado Emili Cuatrecasas condenado a dos años de prisión y cuantiosa multa por fraude fiscal.
Visto el escándalo provocado por el caso de Rodrigo Rato -todo un ex vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda de un Ejecutivo del PP presidido por José María Aznar-, detenido en el transcurso de una investigación judicial bajo fundados indicios de haber ideado tramas para evadir sus obligaciones fiscales, al Gobierno de Mariano Rajoy no le queda otra salida que publicar la lista. Debe facilitar la lista de los defraudadores bajo sospecha si no quiere quedar el propio Ejecutivo bajo la sombra de una nueva sospecha por encubrimiento o por torpeza política.
Fermín Bocos