“Ahí hay un millón. Aquí hay un millón más. Que hay 24.000 ahí…, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000,… 12.000 euros, dos millones de pesetas”.
Ya saben de qué les hablo, de la escandalosa grabación en la que supuestamente se escucha al presidente de la Diputación de Valencia, el popular Alfonso Rus, contando fajos de billetes con su antiguo hombre de confianza, Marcos Benavent. El enésimo caso que le salta al Partido Popular en los últimos días tras la detención de su otrora mito económico, Rodrigo Rato, o el que ha puesto en la picota a otro ex ministro, embajador en Londres y peso pesado popular, Federico Trillo, por sus altamente retribuidas asesorías verbales al tiempo que ejercía como diputado en el Congreso. Al ritmo que ha cogido el PP en su carrera hacia el despeñadero, como para no permanecer con los sentidos bien alerta por lo que puedan deparar las semanas venideras…
Lo grave, con todo, es que podríamos llegar a no enterarnos de nada parecido de convertirse en realidad la “reflexión” en voz alta realizada por el ministro de Justicia sobre la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación que publiquen informaciones sobre casos bajo secreto de sumario.
Sí, es cierto que el ministro se ha enmendado la plana a sí mismo al rectificar al poco tiempo tras la polvareda levantada por sus afirmaciones. Pero su reflexión es de una gravedad extrema, máxime procediendo de un miembro de un Gobierno que ha extendido la mordaza a las protestas ciudadanas, a los medios de comunicación públicos y ahora reflexiona sobre hacer lo propio con los medios de comunicación privados.
Curiosamente, no está solo en esto. Basta recordar las afirmaciones de Pablo Iglesias Turrión –“La existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión”– para comprobar una vez más la querencia de unos y otros por poner límites a la libertad de expresión. En materia de censura, no hay distancias ideológicas entre los extremos.
No obstante, es cierto que el secreto de sumario tiene más bien poco valor en nuestro país, como lo prueba el hecho de que día sí y día también los medios de comunicación publiquen todo tipo de materiales procedentes de causas bajo secreto sumarial. Pero, al contrario de lo que la reflexión del ministro deja traslucir, el problema no se encuentra en los medios de comunicación, cuyo cometido a fin de cuentas no es otro que publicar informaciones de interés público. Incluso el propio Código Penal recoge claramente las condenas a que se enfrentan quienes realicen tales filtraciones o quienes las publiquen sin justificar suficientemente la veracidad o interés público de una noticia.
El problema, en todo caso, se encuentra en los juzgados, de donde salen las filtraciones de esos sumarios bajo secreto pues es ahí donde quienes están obligados a mantenerlo y protegerlo, lo convierten por acción u omisión en papel mojado. Si el ministro quiere atajar el problema y sancionar a quienes violan el secreto sumarial es ahí hacia donde debe dirigir su mirada y no hacia quienes reciben las filtraciones. Pero sin saltarse a los tribunales: que la reflexión le haya llevado a pensar en multas y sanciones indica una voluntad de control del Ejecutivo sobre la libertad de prensa que recuerda a épocas pasadas, si bien no es de extrañar viendo el catálogo de multas y sanciones decretado por el Gobierno en la ley mordaza, una ley que nos retrotrae a los tiempos en los que las calles solo eran de unos pocos.
Abriendo el foco un poco más, quizás haría bien el ministro en profundizar en su reflexión y dirigir su mirada hacia ministerios como el de Hacienda, que a lo largo de esta legislatura se ha destacado por todo tipo de filtraciones sobre datos igualmente secretos, en este caso con clara intencionalidad política, lo cual es sin duda aún más preocupante: no es solo la filtración, es la manipulación de las instituciones para amedrentar a desafectos y rivales.
No ministro, las reflexiones que cierran vías a la libertad de expresión son reflexiones que abren caminos a atentar contra un pilar fundamental de toda democracia. Coartar la libertad de prensa, censurar el pluralismo o impedir la protesta no es democrático. Dado que ha dado el paso de rectificar en lo primero, ayude al Gobierno a seguir rectificando. La radiotelevisión pública o los manifestantes se lo agradecerán.
José Blanco