Quienes justifican o dedican una mirada distraída a la pitada contra el himno nacional, durante la final de la Copa del Rey, apelan a la libertad de expresión. Tengo para mí que quienes protagonizaron los hechos del sábado por la noche en el Camp Nou en ningún caso hubieran aceptado en nombre de la libertad de expresión una similar falta de respeto contra Els Segadors o el Eusko Gudariak, los respectivos himnos de Cataluña y el País Vasco.
Además, está muy clara la obligación de lo poderes públicos de respetar y hacer respetar los símbolos tanto nacionales como autonómicos. Queda claro en un artículo del Código Penal que tipifica como delito «las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad». Véase cómo la ley impone por igual el respeto a todos símbolos, sin preferencias legales, en el marco de una Monarquía democrática representada por el Rey, justamente la persona que presidía desde el palco oficial este partido de fútbol.
De todo eso se desprende el deber de actuar a la luz del principio de legalidad. Pero por encima de la ley y de la política, que son las dos perspectivas de aproximación al debate desencadenado por la pitada del sábado, a mi me parece que estamos básicamente ante un problema de convivencia, cuyas primeras reglas son el respeto y la tolerancia entre diferentes, ya sean personas, partidos políticos, comunidades o equipos de fútbol. Romper esas reglas es crear las condiciones para que se rompan todas las demás. Pero el respeto se hace imprescindible, básico, ineludible, cuando se trata de sentimientos. Ahora hablamos del sentimiento de pertenencia que ha resultado agraviado. En esta ocasión, el de pertenencia a la nación española.
¿Libertad de expresión para herir un sentimiento nacional? De ninguna manera. El respeto al honor de una comunidad de sentimientos es equiparable al respeto al honor de una persona. Es, como se sabe, uno de los límites legales de la libertad de expresión, junto a otros como la injuria, la calumnia o el derecho a la intimidad. Pero, insisto en que, al margen del plano legal, el menosprecio a los símbolos, propios o ajenos, es un problema de intolerancia y falta de civismo. De educación, en definitiva, que afecta a los que pitaron y a quienes lo consintieron o no hicieron lo necesario por evitarlo.
Acepto que la pitada es el síntoma y el mal se llama desafección. Vale. Eso tiene que ver con la política, regida por principios de oportunidad y conveniencia. Pero hacer como si no hubiéramos oído la estruendosa protesta contra el himno de España sería el síntoma de otro padecimiento que se llama desidia institucional. Y eso tiene que ver con el Estado de Derecho. A la espera de algún remedio político para la desafección de una parte de los catalanes y otra de los vascos, los poderes públicos están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley.
Antonio Casado