Cerrado el acuerdo en Andalucía, donde al margen del empeño en un nombre concreto que ya no pinta nada en la vida política nacional o andaluza, Ciudadanos ha conseguido imponer su código ético y su estrategia de negociación.
Metroscopia desvelaba esta semana que el setenta y cinco por ciento de los ciudadanos, que con su voto plural han obligado a los dos principales partidos a iniciar la senda del diálogo, prefería que los apoyos fueran diversos en función de cada territorio.
El acierto de la formación de Albert Rivera consiste en su exigencia de sacar de la vida pública a todo aquel que, figurando en las listas, haya tenido acusaciones de corrupción. Teniendo en cuenta que ha sido la insoportable malversación de caudales públicos en las instituciones, una de las causas principales del cambio de tendencia en las urnas, Ciudadanos va por buen camino.
De momento, tampoco ha entrado en el juego de «que te quites tú, que me pongo yo» que protagonizan socialistas y Podemos en Aragón o en Valencia. Por el contrario ponen fuertes exigencias éticas para apoyar las investiduras de las listas más votadas pero, a continuación, se retiran y desde la oposición amenazan con ser especialmente vigilantes.
Si, al final, desbancadas las mayorías absolutas y con una oposición eficaz que puede tumbar al gobierno de turno que meta la mano en la hucha común se consigue regenerar la vida pública se habrá cumplido una de las exigencia de los votantes, hartos de levantarse cada mañana con un escándalo mientras crece la desigualdad y los recortes merman sus derechos.
Parece, sin embargo, que en Madrid lo van a tener más complicado. No porque Cristina Cifuentes no esté poniendo todo de su parte, si no porque la operación Púnica cerca al PP como antes hizo la Gürtel. Esperanza Aguirre, ese lince eligiendo colaboradores, impuso en la lista de la Comunidad a alcaldes, «amigos», de localidades que ahora están recibiendo la visita de los agentes de la Guardia Civil pidiendo documentos. Es el último palo en la rueda que la «lideresa» ha colocado a su compañera de filas tras ningunearla en la campaña electoral.
En Murcia ha dimitido el delegado del Gobierno, como exigía Ciudadanos, para que el candidato popular pueda seguir al frente de esta comunidad. Por cierto, ¡vaya ojo el del Gobierno para elegir delegados! Seguro que recuerdan al de Valencia, detenido por sus propios policías, y en cuyos brazos se arrojó Rita Barberá la noche de su fracaso al grito de «¡Que hostia, que hostia!». Al parecer, el de Murcia está relacionado con la operación Novo Carthago, que pese a su nombre no tiene nada que ver con la Púnica.
Y mientras el PSOE sigue enzarzado con Podemos y sus satélites, que siendo a veces la tercera fuerza pretenden hacerse con el poder, el Gobierno y el PP se lanzan a una campaña del miedo con descalificaciones como «izquierda radical» y otras similares que tan mal resultado le dieron a Aguirre en Madrid. Solo consiguió llevar a la alcaldía a Manuela Carmena. Cuanto más amenazaba con los «soviets» mas crecían los votos de Ahora Madrid. ¿Es que no tenía ningún asesor electoral para advertirle que eso se llama hacer la campaña al contrincante?
Victoria Lafora