Que los nuevos alcaldes se bajen los sueldos, que se hagan auditorias sobre la legalidad y oportunidad de ciertas operaciones urbanísticas, que se estudie la forma de recuperar viviendas adquiridas por los llamados fondos buitres, garantizar luz y agua a familias que no pueden pagarlas, aprobar planes destinados a combatir la pobreza en la gran ciudad como un servicio público más, que las autoridades municipales concierten con las entidades bancarias la forma de evitar desahucios en casos dramáticos de impago, etc. Son algunos de los compromisos adquiridos por las plataformas político-sociales que acaban de alcanzar las alcaldías de grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña y Cádiz).
Han zarandeado el pensamiento conservador y han alarmado a ciertos poderes, temerosos de una eventual oleada de radicalismo. Un clima de opinión creado en días anteriores y posteriores a la asignación de alcaldías en la jornada del pasado sábado, al que han contribuido declaraciones de miembros del Gobierno, empezando por su presidente, Mariano Rajoy, y dirigentes del PP, cuyas baterías argumentales han apuntado contra el PSOE. Le acusan de haber alimentado con sus pactos «excéntricos» la ola de populismo y radicalidad que, según ellos, se cierne sobre los principales ayuntamientos españoles.
No deja de ser un proceso de intenciones a quienes se estrenan en la gestión de los asuntos municipales, que es el ámbito político más próximo a los ciudadanos. Pero está por ver si el supuesto radicalismo de Ahora Madrid, Barcelona en Común, Compromís, Marea Atlántica, desbordará los límites legales y presupuestarios en los que ha de moverse necesariamente una gestión municipal, que tiene las competencias que tiene. De momento se deben a unos votantes absolutamente conformes con esa retahíla de compromisos de fuerte contenido social. Y a nadie debería sorprender que traten de cumplirlos.
Por otra parte, entre los compromisos electorales del PSOE que, según el Gobierno, está soplando las velas del radicalismo, figura el de satisfacer la masiva demanda de cambio expresada por los ciudadanos en las urnas. Para hacer verosímil la aspiración de liderar ese cambio desde la izquierda, necesitaba poder territorial y complicidad con los partidos que también apuestan por el cambio político en una sociedad mayoritariamente gobernada en las dos últimas décadas por el PP en ayuntamientos y autonomías (desde hace cuatro años, también a escala nacional).
En esas circunstancias, el PSOE ha sido coherente, sin salirse de las coordenadas habituales en materia de pactos: afinidad política y matemática electoral. También cuentan variables de estrategia y oportunidad. A nadie se le oculta que la proximidad de las elecciones generales ha condicionado las apuestas a la hora de elegir compañero de viaje y acordar las condiciones. Nada de eso es «excéntrico» y «sectario».
Antonio Casado