Cuando Mariano Rajoy dice que ningún catalán dejara de ser español y europeo, cuando insiste en que no se conculcara la ley, se esta refiriendo a la Constitución, en concreto al artículo 155.
Si en lugar de hacer comentarios fuera de lugar, como el del ministro del Interior, acusando al entrenador Guardiola de vestir la camiseta de la selección solo por dinero, y se explicara a los ciudadanos las potestades que el citado artículo confiere al Gobierno de la Nación, se paliaría la tensión que Artur Mas pretende imponer al Estado en su conjunto.
El presidente del Gobierno, que ha decidido salir del plasma obligado por sus asesores ante los malos datos de las encuestas, no pierde la ocasión de denunciar los radicalismos a los que se ha sumado el PSOE, y el peso de la ley como frontera a su relación con Cataluña. Ni una explicación de a qué Ley se refiere y qué piensa hacer con ella para frenar las amenazas de Artur Mas y sus socios. Ni una palabra de diálogo, de un nuevo encaje de Cataluña en el Estado.
Porque el citado artículo 155, que los medios de comunicación consultando a expertos juristas están explicando a la ciudadanía, habla de suspender la autonomía catalana. Es decir: palabras mayores.
Superada la etapa de recursos ante el Constitucional, si el que resultara elegido presidente de la Generalitat declara la independencia, el Ejecutivo puede «obligar» al cumplimiento forzoso de las leyes y tomar temporalmente el control de la autonomía. La medida es tan drástica que no se ha aplicado nunca desde la entrada en vigor de la Constitución.
Antes, lógicamente, se debería apercibir al presidente autonómico y, si no responde, convocar un pleno del Senado donde por mayoría (el PP la tiene) aprobar la aplicación del artículo 155. Son precisamente los juristas los que advierten de la gravedad de la medida y de como el redactor de la Constitución dio por hecho que no habría de aplicarse nunca. Tal vez por eso falta el desarrollo de una Ley Orgánica que regule los mecanismos de su aplicación.
Transparencia en las normas que se pretende aplicar por ambas partes y menos bravuconadas que cogen un poco hastiada a la ciudadanía en general.
En cualquier caso la crisis institucional seria de tal calibre que podría poner en peligro el propio estado autonómico. Por eso cabe también que el presidente Mas precise sus amenazas sobre el «proceso imparable» y fije qué tipo de mayoría se precisa en el Parlamento de Cataluña para poner en marcha su secesión. ¿O es que va a declarar la independencia sin ganar las elecciones o en contra del deseo de los propios catalanes? Por tanto, mesura. Transparencia en las normas que se pretende aplicar por ambas partes y menos bravuconadas que cogen un poco hastiada a la ciudadanía en general.
Victoria Lafora