Púnica empieza por «P» de PP. Los sesenta tomos conocidos del sumario, que afecta básicamente a instituciones gobernadas por el partido en el poder, se han convertido en un nuevo lastre para el Gobierno Rajoy en su intento de recuperar imagen en materia de lucha contra la corrupción. No es fácil cuando se sigue sin mirar por donde se pisa. Y no es fácil cuando aparece implicado hasta las trancas un ex vicepresidente de la Comunidad y ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, amén de un ex consejero de Presidencia, Salvador Victoria, hombre de toda la confianza del ex presidente, Ignacio González.
De ahí para abajo, lo que ustedes quieran a nivel de consejeros autonómicos y alcaldes, básicamente en Madrid, Valencia, León y Murcia, pastoreados por David Marjaliza, que se convirtió en presunto cerebro de la trama gracias al ascendiente político de su amigo de la infancia, Francisco Granados, en su día mano derecha de Esperanza Aguirre.
Ante ese panorama, es muy difícil que cale el mensaje de los dirigentes nacionales del PP sobre el «bochorno» que ante los medios de comunicación les produce esta nueva entrega de la inmoralidad dentro de su partido.
Ante ese panorama, es muy difícil que cale el mensaje de los dirigentes nacionales del PP sobre el «bochorno» que ante los medios de comunicación les produce esta nueva entrega de la inmoralidad dentro de su partido. Tampoco es fácil que se hagan oír cuando apelan al factor humano como recurso argumental frente a la tesis, bastante más extendida, de la corrupción institucionalizada. O corrupción «congénita del PP», según expresión utilizada por el ex secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
En estas últimas horas hemos escuchado a la fallida aspirante a la alcaldía madrileña, Esperanza Aguirre, todavía presidenta del PP regional, ofendiéndose ante las insinuaciones periodísticas de que algo debía saber ella de la corrupción que la rodeaba. Y a los periodistas les pidió que ni se les pasara por la cabeza la duda de si pudo ser consentidora por activa o por pasiva.
Pero lo cierto es que todas las pruebas disponibles nos llevan hacia la misma conclusión: es imposible que la Guardia Civil tuviera noticia de las abominables prácticas de ciertos dirigentes o altos cargos del PP antes que otros dirigentes o altos cargos del PP con los que compartían tarea, discurso, reuniones, tejido organizativo, y que ahora se hacen de nuevas. Si no hay pecado judicial, al menos hay pecado político en la indolencia, la omisión y la mirada distraída sobre lo que ocurre en el entorno inmediato de un gobernante o un dirigente de partido ¿Es que nadie, aparte de los interesados, se percató de lo que ocurría en tantos sitios y durante tanto tiempo?
Mientras tanto, sigue vigente el diagnóstico formulado por la cumbre valenciana de los jueces decanos españoles (diciembre 2014): «La democracia española se encuentra hoy en situación muy delicada», en un alarmante contexto de «desconfianza en el funcionamiento de las instituciones». Y junto al diagnóstico, una terapia avalada por la experiencia. Consistió en un catálogo de 58 propuestas firmadas por 45 magistrados de las que nunca más se supo.
Antonio Casado