Escribo este comentario sin saber si el Consejo de Ministros del viernes decide o no decide sobre el conflicto de competencias entre el Gobierno central y el autonómico que preside el socialista García Page. En cualquier momento aquel puede dar la luz verde definitiva a la instalación del cementerio nuclear (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), por razones de utilidad pública. Superiores, por supuesto, a las de carácter medioambiental invocadas por el ejecutivo castellano-manchego con su reciente ampliación del área de protección de aves al lugar fijado hace tres años y medio para emplazar el almacén de residuos.
Son las coordenadas políticas las que agitan la barca de la controversia.
Digamos que esas son las coordenadas administrativas o legales del debate abierto sobre el emplazamiento del ATC (Almacén Temporal Centralizado). Además están las coordenadas técnicas, respecto a las que tampoco hay un consenso. Ni mucho menos. Me refiero a las económicas o presupuestarias, las geológicas, las medioambientales, las laborales, las de seguridad, etc.
Pero son las coordenadas políticas las que agitan la barca de la controversia. Faltaría más, a sabiendas de estar en vísperas de unas elecciones generales.
De modo que no podemos quedarnos en el absurdo dilema entre grullas y razones de interés general como trasunto del choque de competencias comentado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Estamos ante un conflicto político puro y duro. Y eso significa que al final habrá ganadores y perdedores. Mala cosa para un asunto de Estado, de los que piden consenso a gritos, pues hemos de recordar que todo parte de una necesidad urgente que ha sido apreciada por el PSOE y por el PP. De hecho fue el Gobierno Zapatero el que inicio el procedimiento para construir el ATC y el Gobierno Rajoy el que decidió entre los cuatro ayuntamientos que ofrecían los emplazamientos más adecuados.
La ubicación elegida fue el resultado de una componenda política y no técnica.
Y ahí tenemos el origen de la contaminación política del debate. Según acaba de ratificar el presidente castellano-manchego, «la ubicación elegida fue el resultado de una componenda política y no técnica». No miente el señor García-Page, al recordarnos que la decisión del Gobierno Rajoy (diciembre de 2011) no tuvo en cuenta un informe geo-técnico que alertaba sobre las «dolinas de subsidencia generadas por la disolución de algunos estratos yesíferos». Es decir, que podría haber cavidades en el subsuelo como las había en el famoso caso del almacén submarino de gas (Castor), cerca de Vinaroz (Castellón). Y no tendría gracia un nuevo fiasco a costa del bolsillo de los consumidores por volver a hacer mal las cosas. O por hacerlas bien desde el principio pero con un formidable sobrecoste de las obras, que sería el precio a pagar -literalmente-, para resolver a priori el problema de las «cavidades».
Antonio Casado