Da igual que Alfonso Guerra pronunciara o no la famosa frase que se le atribuye y que él niega tajantemente. El caso es que Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, muerto está, desgraciadamente muerto, en este país en el que los partidos -los dos hegemónicos hasta ahora- usurparon de una forma indigna y muy de acuerdo la tercera pata fundamental de la democracia: la independencia del poder judicial. No es que lo politizaran, es que lo absorbieron repartiéndose los nombramientos y ahora -también antes- se tiran los trastos a la cabeza acusándose mutuamente de que determinados magistrados lo son a propuesta de unos o de otros y por tanto deberían abstenerse de juzgar ciertas causas.
El problema es que la mayoría de los jueces del TC y del TS tienen apellido de partido y lo son a propuesta del Congreso.
Esto, al ciudadano medio, le causa estupor, indignación y una desconfianza absoluta en nada menos que la Justicia y lo que no se entiende es que todo un señor juez no tenga nada que decir ante semejante atropello. Ni un juez, ni sus asociaciones, ni mucho menos el Consejo General del Poder Judicial, porque es una institución tan contaminada por los partidos como el resto de la Justicia. Resulta lamentable, todo resulta lamentable.
Resulta lamentable que la instrucción de Ruz de una de las piezas del caso Bárcenas haya quedado reducida a los contables y se haya exculpado a todos los políticos como si presidentes y secretarios del PP pudieran ser absolutamente ajenos a los que ocurría en Génova. No es serio, y nadie con sentido común puede creer semejante cosa. No es serio, pero, claro, resulta políticamente tranquilizador. ¿Y qué tribunal va a juzgar el caso de la caja B del Partido Popular?
Ahí nos volvemos a tropezar con lo de siempre: en la sala se van sentar dos magistrados promovidos en su momento a propuesta del PP. Naturalmente el PSOE ha puesto el grito en el cielo, y ya fueron recusados por las acusaciones en el caso Gürtel. Pueden ustedes leer las historias de ambos jueces -Enrique López y Concepción Espejel- en la mayoría de los periódicos, por lo tanto huelga repetirla aquí. Pero el problema no está en que fueran propuestos por unos u otros, el problema es que la mayoría de los jueces del TC y del TS tienen apellido de partido y lo son a propuesta del Congreso (es decir de los partidos).
¿Puede el ciudadano medio, usted y yo, fiarse de lo que ocurre en los despachos del poder y creer en la independencia de la Justicia como garante del equilibrio de poderes en una democracia?
Y como en todas partes cuecen habas, vámonos al Sur donde la sustituta de la silenciosa y poco dada al postureo Alaya, la de los ERES, que se llama María Núñez Bolaños ha decidido sin esperar ningún dictamen pendiente hacer tabla rasa con la doctrina de su antecesora dividiendo la instrucción de la macrocausa en más de 200 piezas separadas lo cual, inevitablemente, provocará un escandaloso aumento de delitos prescritos. Dos pequeños detalles: el primero, sin importancia, es que la nueva instructora posaba ayer para las cámaras de las televisiones en su despecho que si sentada, que si de pie, que si con el ordenador, que sin él. Segundo detalle: la propia Mercedes Alaya había advertido al CGPJ, la «estrecha amistad» de la que hoy ocupa su cargo con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, político cómo su puesto indica y públicamente partidario, naturalmente, de la atomización del caso.
En resumen: ¿puede el ciudadano medio, usted y yo, fiarse de lo que ocurre en los despachos del poder y creer en la independencia de la Justicia como garante del equilibrio de poderes en una democracia? Usted, no sé; yo por desgracia, no.
Andrés Aberasturi