Se ha abierto, imparable, el portillo de la reforma constitucional, un portillo que ya debería estar cerrado porque la reforma hace años que debería haberse completado. El miedo, la prudencia excesiva y también la pereza de al menos dos generaciones políticas han hecho que la Constitución, magnífica para salir de un espíritu de dictadura centralista y consolidar una transición a la democracia en 1978, se quede ahora, en 2015, y desde hace ya al menos un lustro, algo anacrónica. Pero ya todas las fuerzas políticas, incluyendo el PP de Rajoy, que frenaba los cambios, parecen de acuerdo en al menos una cosa: hay que modernizar la Constitución. Otra cosa es que se logre un consenso entre todas esas fuerzas para acometer los cambios concretos: parece una tarea mucho más difícil que cuando, hace treinta y siete años, se llegó al texto que, redactado en tinta roja y azul, según un afortunado comentario de uno de sus 'padres', hizo que la Constitución fuese masivamente aprobada en referéndum.
Ya todas las fuerzas políticas, incluyendo el PP de Rajoy, que frenaba los cambios, parecen de acuerdo en al menos una cosa: hay que modernizar la Constitución
Hay un profundo debate político, que permanece como soterrado, este mes de agosto. Ahora estamos en una especie de segunda transición. En la primera, en los últimos años setenta, los peligros eran el descontento militar y el anclaje de una parte de la clase política, y de la población, en el pasado. Suárez, en once meses, entre julio de 1976 y las elecciones constituyentes de 1977, fue capaz de dar la vuelta al Estado como un calcetín. Contó con un indisimulado apoyo del socialismo renaciente, del comunismo subterráneo y de los 'azules', procedentes del Movimiento franquista, más inteligentes.
Ahora, existe un peligro cierto de desintegración territorial, que no puede zanjarse, sin más, al grito de «Cataluña no será independiente». El estado autonómico ha dejado de funcionar, y bueno sería que los que estos días se aplican a estudiar la revisión de la Constitución, en el PSOE, en el PP y en otros partidos, apunten en el sentido de que ese 'café para todos' de 1978 ya no es posible y, de hecho, nunca lo fue. Hay que admitir hechos diferenciales, que la autonomía cántabra, riojana o murciana, por ejemplo, no es igual que la de Madrid, Canarias o Cataluña (la del País Vasco ya es, de hecho, diferente). Comprendo que este principio es controvertido, pero el concepto de igualdad absoluta entre todas las autonomías puede ser un buen enunciado general… introduciendo a continuación especificidades.
Ignoro si una reforma constitucional, que como el propio Rajoy advirtió el pasado viernes, dejará en todo caso insatisfechos a los independentistas, servirá, al menos, como punto de partida de un nuevo diálogo con ellos. Lo que sí sé es que, tal y como está, la Constitución se queda estrecha para amparar algunos postulados nacionalistas que ya no podrían reconducirse. Y la ley fundamental tiene que contemplar la realidad actual de un país, bien sea a través de enmiendas sucesivas en el tiempo, como en Estados Unidos, bien con un retoque general, que es el que debería acometerse ya sin pausa en España desde el inicio de la próxima Legislatura… o ya desde el final de esta.
Sorprende el relativo silencio 'vacacional' del PSOE ante el desafío lanzado, de manera excesivamente sobria, es cierto, por Rajoy. Como sorprende ese mismo silencio en Ciudadanos y en Podemos, formación esta última que parece estar herméticamente cerrada por vacaciones. No me sorprende, en cambio, la respuesta de Izquierda Unida, que, a través de su máximo responsable, Alberto Garzón, ha pedido un período constituyente, en el que se elabore un texto constitucional completamente diferente al actual y basado en la 'soberanía popular'. Es, en el fondo, el mismo debate que jalonó, en 1977, los primeros pasos de la Constitución que actualmente tenemos: evolución o ruptura. Ganó la primera opción, y tuvimos una transición bastante afortunada, con sus claroscuros, hacia la democracia, con la Constitución como bandera.
Lo que ocurre es que en 1978 no habían evolucionado las autonomías como lo han hecho (ni siquiera están citadas por sus nombres en el texto constitucional), parecía conveniente crear 'este' Senado inservible que ahora tenemos, Europa era otra cosa (tampoco la palabra 'Europa' existe en la Constitución española), no existían ni el euro, ni Internet, ni el actual concepto de igualdad entre razas y sexos que aconseja modificar cuanto antes un artículo (el 57) que discrimina a la mujer a favor del varón a la hora de la sucesión en el trono español… Y así, un largo etcétera.
Hace ya casi una década, el Partido Popular, por boca de Soraya Sáenz de Santamaría, propuso una reforma 'centrípeta' del Título VIII, que quedó en el olvido. Como en el olvido quedó el encargo, cumplido, de Zapatero al Consejo de Estado, al que pidió un dictamen para una reforma de la Constitución. Ha habido, ya digo, mucho temor a 'abrir un melón' que amenaza ahora con pudrirse a base de incumplimientos de hecho y dejaciones de derecho. Y de mucha inercia y no poca pereza, que es, como decía Pompidou, el más indeseable de los elementos motores de la Humanidad. Pero ha llegado la hora de la Política, con mayúscula. Y la hora de que la ciudadanía recupere su confianza en una clase política que, a base de banderías, de peleas de patio de colegio, de debates académicos sobre 'la' derecha y 'la' izquierda, de egoísmos, de corruptelas y de ponerse de perfil ante los problemas, ha acabado por acumular un enorme desprestigio. Estamos, sin duda, ante una oportunidad de modernizar, armonizar y adecuar a nuestro país a los nuevos tiempos. Aunque, de momento, solo escuchemos, oficialmente, los ronquidos de las siestas vacacionales.
Fernando Jáuregui