Hay documentos que son una fuente inagotable de información para quien esté dispuesto a dedicar un poco de tiempo a su lectura. Por eso, si bien el verano tiende a anestesiar el impacto de algunas noticias –de ahí la decisión de Rajoy de aprobar la escandalosa designación de José Ignacio Wert como embajador ante la OCDE de tapadillo en el último consejo de ministros–, también permite más tiempo para leer con detenimiento documentos que, de otro modo, se verían arrastrados a una lectura más vertical debido a la vorágine habitual del curso político.
Es el caso del barómetro del CIS y de los Presupuestos Electorales, perdón, Generales del Estado, cuya lectura cruzada aporta algunas claves.
La última encuesta del CIS parece indicar que en la sociedad española se ha asentado la sensación de que la situación económica empieza a reconducirse. Digo reconducirse, porque sigue habiendo un 67% que la considera mala o muy mala, pero son casi 20 puntos menos que a la llegada del Gobierno y casi 10 puntos menos que a principios de año. Esto, combinado con el hecho de que un 21,5% de los encuestados considera que la situación es mejor que hace un año y que el 27,6% cree que mejorará dentro de un año apunta que se está instalando la idea de que lo peor ha pasado.
Claro que, a tenor de los datos de valoración del Gobierno, cabría decir que la ciudadanía entiende que esa mejoría se ha producido a pesar de y no gracias al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Seis de cada diez ciudadanos consideran que la gestión del Gobierno es mala o muy mala, el 82,4% tiene poca o ninguna confianza en el presidente y todos sus ministros suspenden de largo en valoración. Todos, salvo dos, no alcanzan ni el tres.
Todo ello revela que en el ánimo de la ciudadanía pesan, y mucho, los efectos de la reforma laboral sobre la precarización del empleo y el empobrecimiento de la ciudadanía, el aumento de la pobreza infantil, la pérdida de derechos sociales, los hachazos en materia de educación, sanidad o dependencia, el sableo fiscal y tantas y tantas medidas en contra de los intereses de la ciudadanía y que han provocado que se dispare la desigualdad en nuestro país.
La encuesta del CIS y otros estudios demoscópicos recientes como el de Metroscopia revelan otro dato interesante: el electorado del Partido Popular se ha escorado hacia posiciones más conservadoras, hasta situarse en el 6,6 dentro de la escala de 1 a 10, ha envejecido –más de la mitad tiene más de 55 años– y más del 60% no tiene actividad laboral remunerada.
Ante este panorama, en Génova y Moncloa han hecho sus cálculos y, tras lanzar la machacona campaña sobre el nuevo milagro económico español, han considerado que no había mejor programa electoral que unos Presupuestos Generales del Estado bien aderezados de optimismo económico, con guiños dirigidos especialmente a sus posibles votantes: rebajas en el IRPF, subidas en pensiones o dependencia y anuncios de nuevas bajadas de impuestos si vuelven a gobernar. Incluso ahora parece que tras una legislatura de brazos cruzados se suman a la supresión de las cláusulas suelo en las hipotecas.
Todo para lograr ese 30% de voto marcado a fuego por los asesores áulicos populares con que vencer en las próximas generales de diciembre, tan marcado a fuego que hasta a los cocineros del CIS se les ha chamuscado en sus fogones con esa estimación de un 28,2% para el PP de celebrarse elecciones. Hay estimaciones y estimaciones, pero situándose el PP a casi 1,5 puntos del PSOE en intención directa de voto y a dos en voto+simpatía, por no hablar de otros indicadores, lo del CIS más que a cocina huele a alquimia. Como dije el mismo día de su publicación, el PSOE está por delante del PP –26,8% frente a 25,7%– y ambos abriendo distancias con Podemos y Ciudadanos.
El problema del Gobierno viene del contraste entre sus anuncios grandilocuentes y la letra pequeña incluida en normas del calado de los Presupuestos.
Para contentar al electorado, el Gobierno ha adelantado la rebaja del IRPF y ha anunciado nuevas rebajas en el futuro. ¿Pero qué incluyen de verdad los PGE? Frente a una rebaja de 1.500 millones de euros del IRPF, los Presupuestos revelan que el Gobierno suprimirá beneficios fiscales en este impuesto por importe de 6.907,28 millones. Te rebajo el IRPF con una mano, pero te recorto tres veces más deducciones con la otra. ¿Resultado? En terminología de Rajoy, un sablazo.
Un segundo ejemplo lo hallamos en la dependencia. El Gobierno se ha apresurado a vender un incremento del presupuesto para atender a los dependientes. ¿Cuánto? 75 millones de euros. Un cifra que palidece ante los datos hechos públicos por el Observatorio de la Dependencia, que acaba de denunciar la realidad de un país con 1,2 millones de personas reconocidas como dependientes en el que sólo se atiende a 750.000, excluyendo de ayudas el Gobierno a 445.000 personas. Un nuevo engaño a los más desamparados.
Pero quizás es la Seguridad Social el ámbito en que se produce el mayor engaño. Según el Gobierno, las pensiones volverán a subir el año próximo. Es un decir, un 0,25% por tercer año consecutivo, lo cual supone pérdida real de poder adquisitivo. Lo grave está en las tripas de las cuentas de la Seguridad Social. Según los PGE, el Gobierno confía en que los ingresos por cotizaciones sociales alcancen los 117.000 millones de euros, frente a los 109.800 previstos para 2015. Pero con los datos en la mano sobre la evolución de los ingresos de la Seguridad Social este año, todos los analistas prevén que la recaudación se quede en 100.000 millones. Es decir, el Gobierno quiere hacernos creer que los ingresos de la Seguridad Social van a crecer un 17% el año próximo, año en que además las pensiones se dispararán hasta cerca de los 140.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? La liquidación del fondo de reserva, saqueado ya en la mitad de su importe por el Gobierno. Y el absoluto fracaso de una reforma laboral que sustituye empleo fijo por empleo precario, socavando las bases del sistema de pensiones.
Y Rajoy pretende hacernos creer en el nuevo milagro económico cuando su política económica ha llevado al límite a los servicios públicos, ha empobrecido a la ciudadanía y ha puesto en riesgo de quiebra las pensiones… ¿Pero hay alguien que se lo trague?
José Blanco