La investigación judicial a Convergència, el partido de Artur Mas, por financiación irregular no es algo nuevo; ni siquiera lo es una actuación policial en ese terreno cerca de unas elecciones. Pero sí son nuevas dos cosas: la espectacularidad del despliegue de la Guardia Civil en la propia sede del partido que gobierna en Cataluña y que en esta ocasión no se trata de unas elecciones normales, al considerarlas aquellos que presumiblemente las van a ganar como plesbiscitarias.
Antes y ahora siguen en juego los cobros de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas en distintas administraciones públicas. Aquel 3% del que había hablado -sin pruebas- el ex presidente Pasqual Maragall en sede parlamentaria, en 2005, parece que es algo más que un indicio. Tanto Convergència como la Fundació Catalanista i Democràta (CatDem) estarían implicadas, de ahí que sus sedes fuesen registradas por mandato judicial.
La situación política está tan viciada y el país está tan corrupto que cualquier cosa parece posible.
Más allá de las consecuencias judiciales, es evidente que el caso afecta políticamente al partido más importante de la candidatura Junts pel Sí, impulsada desde Convergència por Artur Mas. El tiempo dirá hasta qué punto divide la candidatura independentista y si esta situación le resta votos en las urnas el 27 de septiembre. Incluso podría valorarse si el victimismo de Convergència, lejos de restarle votos, se los sumará. La situación política está tan viciada y el país está tan corrupto que cualquier cosa parece posible.
En un país democrático normal no serían de recibo muchas de las cosas que estamos viendo en España pero la realidad es la que es: se respeta cada vez menos la presunción de inocencia y se apela en exceso al victimismo político, como si la justicia no existiera o fuese un instrumento más de la lucha política. Por si fuese poco, en el origen de esta actuación judicial está una denuncia de ERC, ahora socio electoral de Convergéncia en Junts pel Sí, que había observado un supuesto pago de comisiones por parte de la constructora Teyco al alcalde de Torredembarra, del partido de Mas. De momento, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido a Artur Mas «hechos» en su deber contra la corrupción pero es pronto para saber hasta dónde llega ese aviso a navegantes, al adoptar una cierta equidistancia entre este tipo de irregularidades y el intento de sacar «rédito político» de ellas. En el fondo, el líder de ERC asume que «la inmensa mayoría» de las personas de Junts pel Sí tienen «la conciencia tranquila». No aclara en qué lado coloca a Mas.
José Luis Gómez