Desde hace semanas, cuando hablabas con gente del PP confesaban que no tenían ni idea de cuál podía ser la fecha de celebración de las generales, y empezaban a hacer cuentas con los dedos: los 54 días de plazo que marca la ley desde la convocatoria de elecciones y disolución del Congreso, cuándo podían culminar el debate de los Presupuesto Generales del Estado y ser finalmente aprobados.
Hacía tiempo ya que se iban a diciembre, y además sumaban a esas cuentas parlamentarias un argumento bastante lógico: que había que aprovechar la satisfacción de pensionistas y funcionarios con la paga extra de Navidad, y que además cuanto más cerca del fin de año más posibilidades había de que se cumpliera el pronóstico del Gobierno de que en el 2015 se crearía medio millón de puestos de trabajo.
Esta semana, al saberse que el Gobierno presentaría una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional con carácter urgente, la fecha electoral venía dada, verde y con asas: sólo podrían celebrarse las elecciones el 13 o el 20 de diciembre, con tiempo para aprobar los dos decretos, Presupuestos y Constitucional, y el propio Rajoy ha dado a entender que serán el 20 como afirmaban algunos de los que hacían las cuentas. Que no saben nada, sólo especulaban. El presidente no ha dicho ni a sus más íntimos qué día va a convocar y disolver. Pero se admiten apuestas.
Lo de la reforma del TC viene de atrás, de bastante atrás, pero tampoco había trascendido. Lo llevaba Soraya Sánez dce Santamaría con la máxima discreción, con el asesoramiento de importantes profesionales de la judicatura y la abogacía, constitucionalistas y catedráticos. Han colaborado el ministro Catalá y el secretario de Estado José Luis Ayllón. Entre los que estaban en el secreto, hubo quien apuntó la sugerencia de hablarlo con la oposición, pero se desechó porque estaban absolutamente seguros de que Pedro Sánchez pondría pie en pared. En contra.
Decía un ministro de los que suelen ser dialogantes con los periodistas y dialogantes con la oposición, que si al principio era fácil para Rajoy hablar abiertamente con Sánchez, ahora la distancia que les separa es absoluta. Rajoy no le perdona los pactos con Podemos. No por haber arrebatado al PP un buen número de alcaldías y gobiernos autonómicos, está el PP habituado a ello, sino por el hecho de que el líder de la oposición haya pactado con una formación como Podemos, de la que abominaba hace unos meses tanto como abominaba y sigue abominando Rajoy, por la trayectoria de sus dirigentes y por el apoyo que ha dado a personajes y asuntos que tienen poco o nada que ver con las reglas del juego democrático. Aunque ahora Pablo Iglesias y algunos de sus adláteres pretendan presentarse ante la opinión pública como socialdemócratas o incluso liberales.
En el PSOE no bajan las aguas precisamente tranquilas. Sánchez no provoca ya adhesiones inquebrantables, y algunos de los que le apoyaban hace meses ahora no ocultan sus recelos. Lo de Podemos no sólo irrita a Rajoy. Cuando se escucha a algunos de los suyos se llega a la conclusión de que el asunto provoca heridas de no se sabe qué consecuencias. Y tampoco convence su idea de romper con la norma no escrita de que en España gobierna el partido que ha ganado las elecciones aunque no haya tenido mayoría absoluta.
Así gobernaron Suárez, Calvo Sotelo, Felipe, Aznar y Zapatero. Y son muchos los socialistas, no necesariamente del plan antiguo, que dicen abiertamente que así debe seguir siendo, que con esa fórmula España ha vivido los 40 años más estables de su historia. Ni siquiera les gusta que gobierne Sánchez con la ayuda de Ciudadanos si gana el PP; piensan que debe gobernar el PP aunque no les guste un pelo Rajoy. Y si se les menciona a Pablo Iglesias como compañero de aventura en la gobernabilidad, echan las muelas. Temen que pueda ser el fin del PSOE.
Así que la cosa está que arde aunque Sánchez ha pasado una semana gloriosa recorriendo países latinoamericanos en los que ha sido recibido con todos los honores.
Pilar Cernuda