Artur Mas está decidido a cruzar el Rubicón. Anuncia que si los grupos partidarios de la secesión de Cataluña consiguen la mayoría parlamentaria en las elecciones del 27S -aunque su número de votos fuera inferior al de los partidos que están en contra- está decidido a proclamar unilateralmente la independencia. Sería un acto ilegal qué, en palabras de Alfonso Guerra, bordearía el golpe de Estado. Tan grave como eso. Desde el punto de vista democrático aparejaría, además, un fraude añadido visto que al reiterar el carácter plebiscitario de las elecciones Mas emplaza a los electores a expresar un «sí» o un «no» a la separación de Cataluña y, en consecuencia, el valor a tener en cuenta serían los votos a favor de una u otra opción. Poco o nada le importan al señor Mas aquellos elementos de la realidad que contradicen sus planes. El primero de todos: el carácter ilegal de una presunta proclama unilateral de independencia. Es el suyo un vuelo gallináceo, de corto recorrido, pero insiste en presentar lo que denomina «la hoja de ruta del soberanismo» que incluye una agenda de contacto con las principales instituciones europeas. Todo menos parar y reflexionar acerca de la procelosa deriva a la que está arrastrando a muchos catalanes a quienes previamente ha estado saturando de mensajes antiespañoles -los medios públicos catalanes: la televisión, la radio, son terminales al servicio de la «causa»-.
Nunca deberíamos haber llegado hasta aquí. El día 27 de septiembre los catalanes tienen la oportunidad de frenar tanto desatino.
De seguir adelante con sus planes, el previsible recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, resolvería que la declaración de independencia es un acto contrario a la Constitución y, en consecuencia, nulo de pleno derecho. En el plano legal, la cosa terminaría ahí. En el político, me temo que Mas intentaría seguir con sus planes como si tal cosa y sería entonces cuando el Gobierno, previa aprobación por mayoría del Senado, se vería obligado a aplicar el Artículo 155 de la Carta Magna que faculta para obligar a las autoridades autonómicas al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. La primera de todas: respetar la ley y las sentencias de los tribunales. Nunca deberíamos haber llegado hasta aquí. El día 27 de septiembre los catalanes tienen la oportunidad de frenar tanto desatino.
Fermín Bocos