Se quejaba el pasado viernes el Presidente en funciones de la Generalitat, que el Estado, ante el desafío secesionista planteado por Mas y Oriol Junqueras, sólo sabe amenazar con la ley «como si fuéramos casi delincuentes». No sé si el subconsciente le traicionó a Mas o simplemente no cayó en la cuenta de lo que estaba diciendo.
Porque efectivamente, lo que vienen haciendo Mas y sus compañeros de viaje independentista desde que empezaron ese viaje hacia ninguna parte es desafiar en algunos casos e incumplir en otros las reglas del juego, es decir, saltarse la ley. Y un Estado lo que tiene que hacer es velar porque la ley se cumpla siempre y en todas las partes del territorio que conforma ese Estado.
De momento, que se sepa, Cataluña sigue formando parte de lo que se llama el Estado Español y, por cierto, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña es, según la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el máximo representante del Estado en esa Comunidad; es decir, si fuera un gobernante ejemplar, debería ser el primero en aplicarse a cumplir y hacer cumplir la ley.
Si en algo han pecado los diversos poderes del Estado desde la transición política con los nacionalismos en el País Vasco y en Cataluña ha sido precisamente en permitir un déficit en el cumplimiento de la ley. En muchas ocasiones, por no incomodar a los nacionalismos gobernantes de esas dos Comunidades, al PNV y a CiU, se les ha permitido bordear la ley cuando no saltársela a la torera. Y cuando se ha querido reaccionar, en muchas ocasiones se ha llegado demasiado tarde. Esto ha sido muy evidente en todo lo relacionado con algo tan importante como los contenidos educativos que se han impartido durante todos estos años en el País Vasco y en Cataluña, sin que el Estado hiciera nada por evitar la manipulación de la historia a la que tan dados son los nacionalistas.
Ahora, en puertas de unas elecciones plebiscitarias en las que si los partidarios de la independencia salen triunfadores ya han anunciado que iniciarán el proceso para separarse de España, claro que el Estado está obligado a utilizar todos los resortes legales que tiene en su mano para evitar e impedir que una parte del territorio nacional decida por su cuenta separarse del resto. La soberanía nacional reside, según la Constitución, en el pueblo español y por lo tanto, la declaración unilateral de independencia por parte de la Generalitat de Cataluña es algo que está no sólo fuera de toda lógica, sino, sobre todo, fuera de la ley, aunque esto al señor Mas y a sus socios no quieran aceptarlo. Que al impedir eso, consideren que el Estado les trata como «casi delincuentes» es un problema de Mas y de quienes han decidido echar un pulso al resto de España.
Cayetano González