No ha empezado la campaña electoral, ni siquiera se han convocado oficialmente las elecciones y los partidos ya han iniciado la carrera de promesas electorales. Todas tienen su aquel. Las hay viejas, viejas, antiguas, como la fijación que tiene el PSOE con la Iglesia (católica, claro) y la religión (católica, por supuesto), como con la escuela concertada (católica, desde luego), aunque estoy por borrar esto último porque todavía no han dicho nada sobre el asunto. Pero lo harán. A pesar de que los conciertos fueron un invento socialista gracias al cual los Gobiernos de turno –los socialistas también, claro– han podido dar enseñanza gratuita a más de un millón y medio de alumnos cada curso durante cuarenta años sin tener que construir costosos edificios, sin aumentar las plazas de profesores de la pública y pagando por todo ello la mitad de lo que cuesta un puesto en la escuela pública.
Lo otro es lo mismo. Que si la Iglesia tiene que pagar el IBI por sus edificios –también las monjas que dan de comer o cuidan a enfermos y personas sin recursos, a su costa– pero no lo pagan ni los sindicatos ni los partidos que se mantienen gracias a las subvenciones públicas. Si tuvieran que vivir de las cuotas de los militantes no hubieran abierto ni un solo día. Pero, me pierdo, que no iba a eso, sino al fondo de la cuestión, las promesas electorales que, como dijo el sabio profesor Tierno Galván, no se hacen para cumplirlas. Se hacen para engañar a los votantes ilusos.
«Vamos a dar empleo a 72.000 jóvenes», «pensiones no contributivas para todos los mayores de 52 años sin trabajo», «salario mínimo a 1.000 euros», «enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 18 años», «bajar las matrículas de la universidad», «un millón de puestos de trabajo», «200.000 plazas nuevas en Formación Profesional», «transporte público al 50 por ciento»… Y todo eso, lo proponga quien lo proponga, no sólo es el principio sino que «se garantiza» que se va a hacer sin subir los impuestos y sólo aumentando la presión fiscal a los ricos (que, por cierto, hace poco lo eran si ganaban más de 100.000 euros al año y ahora puede bastar con 50.000), modificando de un plumazo el funcionamiento de la economía o del mercado y diciéndole a Europa que «basta de austeridad».
La Defensora del Pueblo debería exigir a los partidos que toda promesa electoral se firme ante notario –no sé si es suficiente– y que lleve acompañado el compromiso de que si no pueden cumplirla, si simplemente no se han planteado hacerlo si ganan las elecciones, o si lo hacen y nos llevan a la ruina, responderán con sus patrimonios del desaguisado y no volverán a presentarse a unas elecciones hasta que hayan pagado o, al menos, hayan pasado veinte o treinta años. Todos podemos prometer un futuro idealizado y hasta estamos dispuestos a creérnoslo. Sobre todo los que menos tienen. Pero no deberíamos permitir que nos hagan trampas tan burdas. Lo dicho, al notario y con el patrimonio hipotecado hasta que cumplan. Y si no es así, que dejen a otros.
Francisco Muro de Iscar