¡Qué tiempos estos en los que hay que recordar hasta lo que es evidente! Lo evidente, en relación con la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña para iniciar la «desconexión» con España, es que se trata de una iniciativa ilegal y de un acto político ajeno a las competencias de esta Cámara regional. Así las cosas, el Gobierno de España no tiene otra salida que impugnar dicha resolución ante el Tribunal Constitucional. Aunque no es vinculante, en La Moncloa disponen ya de un informe del Consejo de Estado que concreta los términos de la ilegalidad que apareja la resolución. El asunto es muy serio. Se espera celeridad en la decisión del TC de admitir o no a trámite el recurso del Gobierno. Si lo admite -como parece lógico- automáticamente quedará en suspenso la resolución y el tribunal dispondrá de cinco meses para emitir la correspondiente sentencia. Cabe recordar que tras la reciente modificación de la ley que regula las funciones y atribuciones del TC, este organismo dispone de potestad ejecutiva para imponer sanciones ante un eventual incumplimiento de sus sentencias. Visto que los diputados separatistas tienen anunciado que no acatarán otro ordenamiento jurídico que aquél que emane del propio «Parlament» de Cataluña, no hace falta ser un lince para avizorar el conflicto que se avecina. Un choque indeseable porque en democracia nadie puede pretender echarle un pulso al Estado alimentando la esperanza de ganarlo. Está claro que la estrategia diseñada por Artur Mas para planear la agenda del proceso de secesión tuvo en cuenta el período electoral en el que estamos y las expectativas que se desprenden de las encuestas. Probablemente confía en que tras el 20D, el PP no pueda formar Gobierno y pueda hacerlo el PSOE con el apoyo de las fuerzas situadas a su izquierda y los votos de los partidos nacionalistas. Calcula que Pedro Sánchez podría ser más permeable al discurso «soberanista». La ambigüedad que en tantos momentos ha sido signo del PSC favorece ese cálculo. Pero hoy no es ayer en la tribu socialista y desde Andalucía miran con lupa los pasos de Sánchez quién, por lo demás, tiene dicho que en este asunto apoya sin reticencias al Gobierno Rajoy. En fin, bien en clave de vodevil o bien en registro de drama, el desenlace de este asunto se hará esperar algún tiempo. Así que: cúmplase la ley caiga quien caiga en el bando de los impulsores de este proceso que tanto se parece a un acto de sedición.
Fermín Bocos