No sabemos cómo acabarán las cosas pero los intensos días que estamos viviendo desde que el lunes el Parlamento de Cataluña materializara su desafío soberanista merecerán unas páginas en los libros de Historia. Ese día, la cámara autonómica aprobó la resolución que inicia el camino hacia una república independiente. Lo hizo por una mayoría que no serviría ni para aprobar un nuevo Estatut y desconectándose de las leyes e instituciones vigentes, lo que no es un buen precedente para una futura república. Mariano Rajoy comprometió inmediatamente que frenaría la iniciativa «sólo con la ley, pero con toda la ley». Cuarenta y ocho horas después su gobierno, en reunión extraordinaria, ha dado luz verde al recurso ante el Tribunal Constitucional porque la resolución del Parlament, sostiene el presidente, «supone una vulneración evidente del núcleo de la Constitución». No podía hacer otra cosa.
Desde el inicio las dos partes en conflicto han anunciado con firmeza sus pasos futuros y los están cumpliendo escrupulosamente. Aunque llegados a este punto lo interesante sería saber si los actores también están dispuestos a dar pasos atrás para reconocer errores y reconducir desde la política lo que es un gravísimo problema político. Pero en esa deseable reacción no cabe la equidistancia. El inmovilismo de Rajoy, que ha observado el proceso desde la confianza de que moriría de inanición, negándose a aprobar el referéndum o a impulsar cambios constitucionales que permitieran un mejor encaje de Cataluña en el Estado, merece reproche político, sin duda, pero se ha desenvuelto en los márgenes que la ley y de las prerrogativas que ésta le concede. Sin embargo, la aceleración desaforada del proceso independentista por parte de Artur Mas y sus heterogéneos socios se está produciendo fuera de los márgenes que la Constitución y el Estatut le permiten, fuentes, conviene recordarlo, de su propia legitimidad. Y en una democracia el respeto a las leyes y a los procedimientos es condición esencial para validar cualquier decisión política.
Así que es Artur Mas el primero que debe dar un paso atrás, porque ni el actual marco legal ni la tramposa aritmética que él y sus socios manejan les legitiman para materializar hoy y de esta manera su legítimo sueño independentista. Y a partir de ahí se puede, y se debe, volver a la política. Con este gobierno o con el que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre. Para dar respuesta a un descontento que se ha desbocado en los últimos años en Cataluña y del que se ha alimentado el independentismo. Esperemos que suceda, porque de no mediar rectificación no es difícil vaticinar que el problema puede acabar en catástrofe.
Isaías Lafuente