Hemos tenido abundante ruido pero poco modelo de ciudad, en estos cinco meses transcurridos desde las elecciones locales. Hemos tenido arrepentimientos programáticos, tonterías simbólicas y postureo, mucho postureo.
No solo hemos descubierto que los programas, como los principios, parece que son solo para el comienzo. También que esos programas, devenidos en sugerencias, habían ignorado la realidad de las ciudades y sus ayuntamientos.
Una realidad que el municipalismo viene denunciando hace años: la caja ha quedado famélica y la deuda abundante. La derecha, que gobernó la mayoría local, no ha sido muy virtuosa: sucesivos planes de ajuste, administraciones no racionalizadas y servicios de gestión privatizada pero extraordinariamente caros han lastrado los presupuestos locales.
A ello, sin duda, se ha sumado un ineficiente sistema de financiación local tan escasamente flexible como insuficiente para generar recursos, la escasa lealtad institucional de las Comunidades Autónomas y un Gobierno en el que Montoro y Beteta han decido recortar en la administración Local que presta servicios próximos a la gente.
Los Ayuntamientos detentaban una parte minúscula de la deuda y han generado, en su práctica totalidad, superávit durante toda la crisis; han mantenido el esfuerzo fiscal de ciudadanos y ciudadanas y recortado la prestación de servicios. Cierto que hay municipios intervenidos, con escasa capacidad, pero son una parte mínima.
El coste del ajuste local ha sido una reducción de la calidad y la cantidad de las prestaciones indirectas que reciben las personas, especialmente las más necesitadas. El urbanismo ha dejado de cumplir ninguna función de equidad o desarrollo. Hemos pasado del prodigio del negocio al yermo urbano y polígonos industriales vacíos.
Los Ayuntamientos han recibido, también, un vaciado competencial, especialmente en materia de prestación de servicios a las personas. La reciente reforma del régimen local, paralizada ahora por ausencia de recursos en las Comunidades Autónomas, aleja la gestión del entorno local al provincial o autonómico. El reconocimiento institucional y financiero para la gestión de las ciudades no es suficiente.
Bajo estas condiciones es imposible diseñar y gestionar ninguna política urbana mínimamente relevante. La gobernanza de nuestras ciudades requiere de un modelo social, político e institucional que las reconstruya como prestadores de servicios a las personas, organización de desarrollo sostenible y creación de actividad económica. La falta de eficiencia actual lo impide.
La calidad de algunos de los servicios más importantes, los daños medioambientales, la gestión de los aspectos que más nos afectan en el día a día no ocurre ni en el nivel nacional ni en el autonómico; reside en el nivel local. Por eso necesitamos un nuevo modelo de Ciudad.
Será clave para ello la construcción de mayorías sociales más que la construcción permanente del conflicto; derechos universales ampliamente compartidos; construcción de salario indirecto. Es decir, aquellas políticas que pensadas para el trabajo, ayudaban a las clases medias y no al revés.
El debate organizado por Estrella Digital es oportuno. Entre los prodigios de los especuladores y el postureo vacío hay un mundo: modelos de ciudad sostenibles. Este es el debate que debiéramos abordar y para el que se reclaman más ideas y menos ocurrencias.
Libertad Martínez