No aprendemos de los errores. Seguimos tropezando con la misma piedra. Ahora que se anuncia que un juez de la Audiencia de Palma de Mallorca (Juan Pedro Yllanes) ha pedido la excedencia para encabezar la lista de un partido político (Podemos), el Consejo General del Poder Judicial parece haber olvidado el caso del magistrado Baltasar Garzón. Hablo del Garzón que tras conseguir la preceptiva excedencia acompañó a Felipe González como número dos en la lista por Madrid en las elecciones de 1993. Tenía en la mirada el Ministerio del Interior pero González frustró sus ambiciones relegándole a una secretaría de Estado. Garzón abandonó pronto la encomienda para volver a la toga y desplegar su rencor. De aquella época data la famosa «X» de los GAL.
Todo aquello ya pasó, pero la vida nos enseña que el pasado es prólogo. Por eso, al conocer la noticia del paso dado por el juez Yllanes, -designado para presidir en la Audiencia de Palma el juicio del «caso Nóos»- resulta inevitable acordarse de lo arriesgadas que son este tipo de maniobras.
Un político está sometido al juicio de la opinión pública. Un juez, en el ejercicio de su jurisdicción, es un ciudadano con mucho poder. Sobre todo en un país como el nuestro donde la experiencia no dice que el margen de interpretación de las leyes es muy, pero que muy amplio. Temible, incluso. La trayectoria de Garzón, apartado de la carrera por extralimitarse en sus atribuciones o el caso del otrora juez Elpidio Silva ilustran lo que quiero decir y sirve la glosa acerca de lo conveniente que sería modificar la normativa actual que permite al CGPJ conceder la excedencia a un magistrado para dedicarse a la actividad política sin restricción alguna de cara a un posterior regreso a la judicatura. Algunos partidos llevan en sus programas una promesa de endurecer la ley que regula las incompatibilidades de los políticos que dejan sus cargos a la hora de incorporarse a la empresa privada. Las famosas -y justamente criticadas- «puertas giratorias».
Nada se dice en relación con jueces y fiscales.
Hace años, un presidente de Cantabria (Juan Hormaechea) fue juzgado y condenado por malversación de caudales públicos por un tribunal cuyo presidente había dado públicas muestras de animadversión hacia el controvertido político. No comento lo acertado o no de aquella sentencia, lo que digo es que, a la manera de la mujer del César, la independencia de los jueces, amén de ser cierta, debería parecerlo.
Fermín Bocos