Ser independentista es una decisión fundamental. Por tanto no es posible serlo lunes, miércoles y viernes y olvidarse martes, jueves y sábados.
Así le ha ocurrido al Parlament de Cataluña que, después de recibir con grandes aplausos la aprobación de una propuesta para iniciar el camino de separación del resto del Estado, ahora dicen que era broma. Y se lo dicen, ni más ni menos, que al propio Tribunal Constitucional al que votaron ni respetar, ni acatar.
Solo la negativa de la CUP a investir como president a Artur Mas ha evitado, hasta ahora, que se pongan en marcha los proyectos para crear una Hacienda y una Justicia para la nueva República Catalana. La firme sentencia del Constitucional, advirtiendo a la entusiasta presidenta del Parlament y al propio gobierno en funciones sobre la ilegalidad y las consecuencias de sus actos, no obtuvo respuesta. Pero, hete aquí que, semanas más tarde, esos mismos actores políticos envían al alto tribunal un escrito en el que reconoce que la solemne resolución de independencia es solo «una voluntad, una aspiración o deseo» y que, por tanto, carece de validez jurídica.
La solemne resolución de independencia es solo «una voluntad, una aspiración o deseo»
Pero, entones… ¿A qué estamos jugando? ¿»Las cocinitas» con la legalidad vigente? Yo hago como que me independizo, tú me castigas a la silla de pensar y me dejas sin merienda… Se comprende que, ante este espectáculo de sainete al que asistimos, desaparezca cualquier efecto contagio: un cuatro por ciento de los vascos ha dejado de ser independentista desde el mes de abril y si esto sigue así les va a pasar lo mismo a los catalanes.
En su escrito ante el Constitucional, Carme Forcadell, como presidenta del Parlament, alega que la resolución es solo «una simple instrucción indicativa» y que «no tiene valor vinculante, por tanto carece de fuerza legal y no se vulnera la Constitución ni el Estatuto» por defender la independencia (palabra que, por cierto, no se menciona en el texto).
El resto del recurso es «paja», como diría un estudiante, salvo en el punto en el que se reconoce que los acuerdos parlamentarios pertenecen al ámbito de las relaciones entre el parlamento y el gobierno y no generan ninguna clase de obligaciones o derechos a los ciudadanos. Que es como decir, simplificando mucho, que solo se van a independizar los de Junts pel Si, la CUP y el gabinete de Artur Mas.
La sociedad civil catalana, la que se abstuvo en las elecciones últimas, la que votó a otras fuerzas políticas, incluso los votantes de CDC que creyeron de buena fe que se iba a actuar sin romper la legalidad, deberían salir a la calle y parar este dislate. Un disparate que, de momento, ha convertido la deuda catalana en «bono basura» y amenaza con destrozar el pujante tejido industrial y echar a las grandes empresas de Cataluña. Y esto, por supuesto, no es una broma.
Victoria Lafora