Se calcula que la policía detecta cada año en España entre 40.000 y 50.000 víctimas de trata. Muy pocas, un centenar, algunos centenares, acaban en centros de protección públicos o privados. Millones de personas caen cada año en redes organizadas que comercian con su sexo, con sus órganos o con su vida entera. Mujeres, desde luego, muchas adolescentes, casi niñas. Pero cada vez con más frecuencia, también niños. Y hombres jóvenes. Es el tercer negocio ilegal más lucrativo después del tráfico de drogas y el de armas. Mueve unos 28.000 millones de euros en el mundo. En España, algunos cálculos indican que hablamos de 2.000 millones de euros, pero posiblemente es mucho más. Para que haya negocio tiene que haber oferta y demanda. España es un país «de demanda». «El mercado español», dicen los expertos, exige cada vez un género más joven, que cambie con frecuencia. Si no hubiera tanta demanda en España, no habría tanta oferta.
Muchas de esas mujeres que vienen desde el centro de África, desde el este de Europa o desde Hispanoamérica son engañadas con falsas promesas de trabajo -a veces por familiares cercanos-, violadas en el tránsito, obligadas a prostituirse, las dejan embarazadas o las hacen abortar según interese a la «organización», reciben amenazas sobre ellas o sobre sus familias, contraen «deudas» de hasta 50.000 euros y entran en una «construcción social» de la que no pueden salir ya nunca. Muchas de esas víctimas huyen de una violencia institucional o social que no les permite ser personas, para acabar entre nosotros en otra violencia similar que, sin embargo, les permite en ocasiones mantener a sus familias en origen. Nadie les protege. A nadie importan. Son parte de una sociedad, no sólo una economía, sumergida, que nadie quiere visualizar o solucionar. A los delincuentes les sale muy barato comprar y vender personas. Usar y tirar personas.
Son víctimas desde que alguien descubre que pueden estar en manos de redes
Todo esto se ha denunciado en el II Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española sobre el tema «Detección y defensa de Víctimas de Trata con fines de explotación sexual». Allí han dicho varios ponentes que las víctimas son víctimas cuando hay indicios, no cuando ya han puesto una denuncia. Y que tienen derechos no cuando escapan de sus «dueños» y acuden a la policía, sino desde que alguien descubre que pueden estar en manos de redes. Son víctimas, vulnerables y silenciosas, porque sufren no porque denuncian.
Nos faltan especialistas, especialmente en las fuerzas de seguridad y en las fronteras, para detectar a estas personas y ofrecerles una atención directa y personalizada que hoy no existe. Hacen falta protocolos de buenas prácticas que lleguen al personal sanitario y social, a los abogados. No es cuestión sólo de ONG, algunas para descubrirse, sino de la sociedad y del Estado. De los ciudadanos y de los políticos. Hace falta una Ley integral contra la trata, pero ningún partido la lleva en sus programas electorales. A ningún partido parece que le preocupa. Hay que acabar con el negocio y hay que devolver la dignidad a las víctimas. Estamos cargados de estereotipos. Pero también de un absoluto desinterés.
Francisco Muro de Iscar