El consejo de ministros ha aprobado en las últimas dos semanas más de 300 millones de euros en programas de armamento.
Puede ser discutible la intención aunque no el hecho de la la hiperactividad del Gobierno en fechas recientes sobre temas de seguridad.
Los atentados de París y la amenaza bien real a nuestra seguridad y su respuesta no es el contenido de esta columna, sino otro tipo de decisiones que nada obliga a adoptar en este momento concreto del calendario, electoral para más señas.
Por ejemplo, la apertura de una página web del departamento de Seguridad Nacional de Moncloa y otra para denuncias anónimas sobre radicalización; la visita del ministro Morenés a los militares desplegados en el exterior en plena campaña electoral…
Mayor importancia tienen decisiones con una repercusión presupuestaria cierta y desconocida en los últimos cuatro años de sequía financiera en este ámbito.
El Gobierno Rajoy ha aprobado en su reunión del pasado 11 de diciembre la autorización al Ministerio de Industria para financiar con 135 millones de euros programas asociados a la futura fragata F-110, que ejecutará una UTE formada por las empresas Navantia e Indra; y otros 89 millones de euros para el vehículo de combate sobre ruedas 8×8 (Indra, Santa Bárbara y Sapa).
En este mismo consejo de ministros se autoriza al Ministerio de Defensa a comprar a EEUU 19 misiles para la Armada por importe de 21 millones de euros.
En los tres programas mencionados se compromete presupuesto hasta el año 2020.
Un último ejemplo es la adjudicación a comienzos de este mes de diciembre por el Ministerio de Defensa de un contrato a Indra por valor de 94 millones de euros para un centro de simulación del helicóptero NH-90.
Entre paréntesis, destaca la omnipresencia de Indra, empresa tecnológica cuyo mayor accionista es el Estado (SEPI, 20% del capital), que sin embargo no ha sido contratada para la gestión del proceso electoral del 20D por primera vez en tres décadas.
El impulso a las inversiones en armamento recuerda un comportamiento muy similar en 2004.
En aquel año, en fechas también próximas a las elecciones generales, el Gobierno Aznar -con el actual embajador de España en el Reino Unido como ministro de Defensa y el exembajador de España en la India como portavoz de Exteriores del PP- cerró programas multimillonarios de armamento como los submarinos S-80, el buque de proyección estratégica, el helicóptero de combate Tigre y los vehículos Pizarro, programas que sumaron compromisos por 4.000 millones de euros.
Llamó la atención especialmente que después de la derrota electoral del Partido Popular del 14 de marzo de 2004, con el Gobierno en funciones, la Armada firmó con Izar (hoy Navantia) y el Ejército de Tierra con Santa Bárbara los contratos de los programas aprobados en los dos consejos de ministros previos a las elecciones.
Si en algo coinciden los diferentes programas electorales de este 20 de diciembre de 2015, cada uno con su fórmula (Ciudadanos propone una auditoría, el PP una agencia de adquisiciones, el PSOE una ley presupuestaria plurianual, Podemos renegociar contratos) es en afrontar el tema de la deuda y el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas, cómo financiar los compromisos actuales y a futuro.
No queda tan claro en esos documentos de propuestas la conveniencia de definir con carácter previo el escenario y las amenazas que justifican la decisión posterior de adquirir un armamento u otro.
En cualquier caso la prudencia hubiera aconsejado posponer ciertos acuerdos y contratos muy relevantes a los resultados electorales. Si no se ha esperado es porque se quieren imponer decisiones al nuevo Gobierno, sea del color político que sea, casi con total seguridad multicolor; y quizá refleja también poca confianza en que los electores renueven su confianza en el actual partido en el Gobierno.
Carlos Penedo