No sin cierta estupefacción, el pasado día 30 de noviembre pudimos conocer que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba en París, al inicio de la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que, de ganar las próximas elecciones generales, su nuevo Gobierno aprobaría una Ley específica para luchar contra este grave problema ambiental, social y económico de ámbito planetario, cuyas consecuencias ya estamos empezando a padecer.
Una Ley de Cambio Climático que daría, según Rajoy, «coherencia» a las políticas de reducción de gases de efecto invernadero de España. Incluso habló de la necesidad de crear «un nuevo marco institucional» para “impulsar la reducción de emisiones, mejorar la eficiencia energética y asegurar la participación de las energías renovables”.
Rajoy manifestó en Paris su convencimiento de que la Cumbre del Clima debe «proponer al mundo una nueva senda baja en emisiones que permita mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC» y, «al mismo tiempo», una agenda que pida y busque un acuerdo «global, ambicioso y jurídicamente vinculante».
En suma, el Presidente del Gobierno, que hasta hace no mucho era, por consejo de su famoso primo, un escéptico sobre la existencia del cambio climático, se ha transformado casi en un “activista por el clima”. Ahora resulta que Rajoy considera que «el cambio climático es el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos hoy y plantea grandes desafíos ambientales y económicos y por eso necesita una respuesta global y ambiciosa en París». Lo definió como un asunto «claro» e «importante» y afirmó, haciendo un llamamiento a la comunidad internacional, que «O bien estamos implicados todos o bien será muy difícil la lucha contra el cambio climático».
Hablaba antes de una sensación de estupefacción al conocer esas declaraciones de Rajoy, pero quizá mejor debiera decir incredulidad ya que, desde el inicio de la legislatura, la política energética de Rajoy y su Gobierno, pilotada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, Juan Manuel Soria, ha sido un conjunto de medidas dirigidas conscientemente a torpedear y hundir el desarrollo e implantación de las energías renovables, para impedir el autoconsumo, para desaprovechar el enorme potencial del ahorro y la eficiencia energética, para favorecer al sector de la energía nuclear y tratar de potenciar al máximo la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos por todo el territorio nacional, en tierra y en el mar.
Con esos lamentables precedentes, el Sr. Rajoy resulta muy poco creíble apareciendo ahora como un adalid en la lucha contra el cambio climático. Es de una hipocresía extrema plantear una Ley de Cambio Climático a la vez que se impulsa una política energética que impide que mejore la eficiencia energética, que aumente la participación en el mix de las energías renovables y que propugna y estimula la búsqueda y el consumo de combustibles fósiles, cuya combustión es la principal causa del calentamiento global del planeta.
El tiempo de los combustibles fósiles está llegando a su fin. No porque éstos se estén agotando, si no porque nos urge dejar de utilizarlos. En los últimos lustros se ha venido debatiendo mucho sobre el presunto agotamiento de las reservas de petróleo y de gas. Pero la amenaza, mucho más real, de las consecuencias del cambio climático, debido principalmente al uso masivo de estos recursos, ha dejado sin sentido ese debate. Lo verdaderamente importante es que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas ha dejado bien claro que, si queremos evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos dejar sin quemar una gran parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no disparar las emisiones de CO2 a la atmósfera. En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía ya calculó en 2012 que por lo menos dos terceras partes de esas reservas tendrían que quedarse bajo tierra. En consecuencia, no tiene ningún sentido seguir buscando nuevos yacimientos de combustibles fósiles.
Lamentablemente, el Gobierno español, ignorando por completo a las rotundas recomendaciones del IPCC y otros organismos internacionales, ha promovido activamente la exploración de hidrocarburos en todo el territorio español, incluidas las aguas bajo su jurisdicción (en los mares Mediterráneo y Cantábrico y en el océano Atlántico), para lo que se usarían tecnologías cada vez más caras, peligrosas y contaminantes: la fracturación hidráulica (fracking) en el medio terrestre y, en el mar, perforación en aguas profundas por medio de plataformas petrolíferas. Estos últimos son proyectos de la misma naturaleza que el que provocó el mayor vertido de crudo de la historia (de tres meses de duración): el de la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, un desastre medioambiental cuyos efectos perdurarán durante décadas.
La ciudadanía, afortunadamente, es cada vez más consciente de estas cuestiones. Así, en las conclusiones del sondeo internacional World Wide Views Climate and Energy (promovido por la ONU y por el gobierno francés previamente a la Cumbre de París sobre cambio climático) se muestra que el 69,2% de los españoles aboga por «suspender definitivamente la exploración de todas las reservas de combustibles fósiles».
Este estado de opinión de la sociedad española reflejado en la citada encuesta ya se ha traducido en algunos hechos concretos. Uno sería el rechazo generalizado a los proyectos de búsqueda de gas con la técnica de fracking, en todas las CC.AA. donde se han presentado proyectos. Otro, las grandes movilizaciones surgidas contra las prospecciones de hidrocarburos en aguas profundas, por un lado en Canarias, contra los sondeos exploratorios de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y, por otro, en Baleares, Valencia y Andalucía contra una serie de proyectos de diversas compañías en el Mediterráneo.
Por un Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos
A pesar del anacrónico apoyo del Gobierno español a los intereses del sector de los hidrocarburos, esas movilizaciones sociales han logrado cosechar ya algunas victorias significativas. Centrándonos en el Mediterráneo, uno de los primeros frutos ha sido lograr que la compañía petrolera escocesa Cairn Energy se viera, en abril de 2015, forzada a abandonar sus planes de extraer hidrocarburos en el golfo de Valencia, en un área de gran valor ecológico localizada frente a las costas de Ibiza y Formentera y de la Comunidad de Valencia. Más de 128.000 alegaciones de ciudadanos contrarios al proyecto de prospecciones de Cairn Energy fueron legalmente registradas a principios de 2014 en este procedimiento administrativo, lo que constituye un récord histórico de enorme trascendencia en un proyecto de estas características. La labor de la Alianza Mar Blava y otros colectivos anti prospecciones y de cientos de voluntarios fue el catalizador de numerosas iniciativas y actos de protesta, de la recogida de esas más de 128.000 alegaciones ciudadanas, de multitudinarias manifestaciones, etc.
También hay que celebrar que a finales de este mismo verano, Repsol comunicara su renuncia expresa a seguir con sus proyectos petrolíferos en el mar de Alborán y anunciase su decisión de pedir la extinción de sus permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Sirocco” en esa zona. Tras la decisión de Repsol, el mar de Alborán ha quedado, de momento, libre de la amenaza de las prospecciones petrolíferas, pues el 20 de abril de 2015, el BOE publicó una Orden ministerial por la que se daban por extinguidos los permisos denominados “Chinook” de la compañía CNWL Oil España S.A, también en esa zona del Mediterráneo (previamente, en octubre de 2014, su proyecto de sondeos acústicos -primera etapa de los permisos de investigación- recibió una Declaración de Impacto Ambiental negativa). Ambos proyectos contaban con un amplio rechazo ciudadano e institucional en Andalucía.
Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias, en la demarcación marina levantino-balear hay una serie de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que siguen amenazando la economía y el medio ambiente de las CC.AA. ribereñas.
El Mediterráneo es un mar cerrado. En caso de un accidente en una plataforma petrolífera o en el transporte de hidrocarburos, las abundantes corrientes, profundas y superficiales, propias de este mar, trasladaría la contaminación con facilidad de una zona a otra, multiplicando sus efectos negativos sobre sus ricos ecosistemas y su variada y notable fauna y flora. Muchas de las especies que habitan estos ecosistemas están protegidas por un amplio abanico de legislación autonómica, estatal, europea e internacional.
A medida que aumenta el conocimiento científico del Mediterráneo (gracias a proyectos como el LIFE+INDEMARES, puesto en marcha en 2009 por el Ministerio de Medio Ambiente y cofinanciado por la Comisión Europea), más se evidencia su extraordinaria importancia medioambiental, y más se ratifica la necesidad de incrementar su protección. Esa protección es urgente pues los proyectos de prospecciones que se están tramitando se llevarían a cabo coincidiendo espacialmente con zonas protegidas o en vías de protección.
Además de la amenaza a los valores ecológicos, hay que tener muy en cuenta la afección muy negativa que estos proyectos tendrían sobre la economía de los territorios que se ven afectados. Las Islas Baleares así como las demás CC.AA. ribereñas del Mediterráneo son zonas eminentemente turísticas, siendo el turismo su principal industria y por tanto el eje central de su economía. En el caso de Baleares, por ejemplo, significa más del 70% de su producto interior bruto.
La sociedad balear en su conjunto y todas las instituciones elegidas democráticamente que la representan han manifestado unánimemente su preocupación y su rotundo rechazo a todos los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo ya que éstos ponen en riesgo el frágil equilibrio ecológico de la zona y a los sectores económicos que vertebran el territorio de las Islas Baleares como el turismo, la pesca o la agricultura.
En los últimos meses, la evolución de la opinión pública ante el goteo de proyectos de prospecciones que amenazan las aguas del Mediterráneo ha conducido al convencimiento de que la declaración por ley del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos sería la única medida legal efectiva que permitiría acabar definitivamente con esta amenaza. Dado que esta materia cae dentro del ámbito de competencia del Estado, dicha Ley deberá ser aprobada por las Cortes Generales.
El pasado día 14 de octubre el Parlament balear aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno del Estado a aprobar una ley específica para la declaración del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos. Esta PNL fue presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (compuesto por diputados de Ciutadans y Gent per Formentera) y apoyada en la votación correspondiente por los restantes grupos parlamentarios de la cámara: el del Partido Popular y de El Pi Proposta per les Illes Balears.
Este histórico acuerdo unánime del Parlament balear es la manifestación más avanzada hasta ahora del rotundo rechazo de la sociedad balear y de las instituciones elegidas democráticamente que la representan a todos los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo.
Este movimiento es imparable, pues ya se está extendiendo a otras CC.AA. ribereñas y empezando a impregnar a las fuerzas políticas estatales. Se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que ha cuajado un gran movimiento social que no cesará hasta lograr que el Mediterráneo español se declare por Ley zona libre de prospecciones de hidrocarburos.
Carlos Bravo / Salvia